La Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV), el organismo de inteligencia doméstica del país, identificó a China, Rusia e Irán como los principales actores involucrados en actividades de represión transnacional y advirtió que las personas que abandonan regímenes autoritarios pueden continuar siendo vigiladas, amenazadas o intimidadas incluso después de establecerse en territorio alemán.
En una publicación difundida el 20 de agosto, la BfV explicó que las operaciones vinculadas a China afectan a distintos grupos considerados como una amenaza por Beijing. Entre ellos se encuentran activistas chinos, ciudadanos que cuestionan el sistema de partido único, uigures, tibetanos, practicantes de Falun Gong y defensores de la democracia en Hong Kong o de Taiwán.
Según el organismo, las autoridades políticas chinas utilizan sus servicios de inteligencia y otros actores que trabajan bajo su dirección o en su nombre para vigilar e intimidar a personas consideradas opositoras fuera de China. La advertencia refleja la preocupación alemana por el alcance extraterritorial del aparato de seguridad chino y por sus intentos de controlar a comunidades de origen chino incluso dentro de Europa.
Alemania ha comenzado además a reforzar sus herramientas legales contra este tipo de actividades. Desde el 2 de abril está vigente el artículo 87a del Código Penal alemán, que contempla penas de hasta cinco años de prisión para determinados actos ilegales realizados en Alemania en nombre de un estado extranjero.
Otro mecanismo señalado por las autoridades alemanas consiste en utilizar a familiares que permanecen en China como herramienta de presión contra opositores residentes en Alemania. En una respuesta oficial de 2021, el gobierno alemán informó que funcionarios de seguridad chinos habían contactado repetidamente a uigures que buscaban protección en Alemania para obtener información sobre la diáspora.
Según esas denuncias, algunos familiares en China recibieron beneficios a cambio de cooperación, mientras que quienes se negaron fueron amenazados con represalias contra sus parientes. En determinados casos, funcionarios chinos utilizaron los teléfonos de familiares para comunicarse directamente con personas residentes en Alemania y exigirles información personal, el abandono de actividades políticas contra el Partido Comunista Chino o incluso su regreso a China.
La vigilancia también habría alcanzado a comunidades como Falun Gong. En 2011, un tribunal alemán condenó a John Zhou por actuar como agente de inteligencia de una potencia extranjera. Según la sentencia, tenía acceso a comunicaciones internas de Falun Gong y recopiló información sobre sus miembros en Alemania para entregarla a sus contactos del Ministerio de Seguridad del Estado chino.
La BfV advirtió que las operaciones de represión transnacional no necesariamente son ejecutadas directamente por agentes profesionales. Los servicios extranjeros pueden recurrir a intermediarios, investigadores privados, estudiantes, compañeros de trabajo, asociaciones culturales u otras personas con acceso a las comunidades vigiladas. Algunos individuos incluso pueden ser presionados para colaborar.
La agencia alemana también ha denunciado la existencia de una infraestructura china destinada a controlar comunidades en el extranjero. Su informe anual de 2024 describió una red extraterritorial diseñada para identificar posibles disidentes, aislarlos dentro de las comunidades de origen chino e intimidarlos. También señaló el papel de consulados, empresas, organizaciones estudiantiles, asociaciones y otras instituciones vinculadas con China.
Alemania identificó además dos estructuras conocidas como ”estaciones policiales chinas” que habían operado en el país. Berlín las describió como parte de una red estatal extraterritorial y afirmó que algunas de sus funciones incluían recopilar información sobre miembros de la diáspora y sus opiniones políticas. El gobierno de Friedrich Merz exigió a China poner fin a esas actividades por considerarlas una violación de la soberanía alemana.
La BfV insta ahora a las personas que sospechen estar siendo vigiladas, presionadas o amenazadas por un servicio de inteligencia extranjero a denunciarlo mediante sus canales confidenciales. Las autoridades pueden combinar los testimonios de las víctimas con sus propias investigaciones para identificar patrones y responsables. Cuando existen indicios de delito, intervienen las unidades policiales especializadas y los fiscales.
