Las autoridades judiciales de Rumanía acusaron formalmente este viernes al influencer Andrew Tate de varios delitos graves, entre ellos trata de menores, lavado de dinero, relaciones sexuales con una menor y manipulación de testigos. Su hermano, Tristan Tate, fue acusado de complicidad en los delitos investigados. La imputación representa un nuevo avance en un caso que las autoridades rumanas comenzaron a investigar hace varios años.
Los hermanos Tate, antiguos kickboxers con ciudadanía estadounidense y británica, se encuentran actualmente detenidos en Miami después de haber sido arrestados a finales de julio a solicitud de Reino Unido. Las autoridades británicas buscan su extradición para que enfrenten cargos de violación. Ambos han residido principalmente en Rumanía desde 2017 y están bajo investigación criminal en ese país desde diciembre de 2022 por acusaciones relacionadas con la trata de personas.
Según la unidad rumana contra el crimen organizado DIICOT, los hermanos reclutaban a sus víctimas mediante un método basado en la seducción. Los fiscales sostienen que Andrew Tate habría convencido a algunas mujeres de que mantenía con ellas una relación sentimental o que pretendía casarse con ellas. Posteriormente, las víctimas habrían sido obligadas a producir contenido pornográfico destinado a un negocio de cámaras web y plataformas de redes sociales.
Los hermanos han negado todas las acusaciones. Su abogado en Rumanía, Eugen Vidineac, afirmó que el equipo legal analizará minuciosamente cada elemento de la acusación y cuestionará cualquier posible deficiencia relacionada con las pruebas, los procedimientos o la legislación. El abogado reiteró que sus clientes rechazan las acusaciones formuladas en su contra.
Uno de los principales elementos de la acusación involucra a una víctima que, según DIICOT, tenía 15 años cuando Andrew Tate la habría seducido en Reino Unido en 2012. Los fiscales sostienen que posteriormente la trasladó a Bucarest, donde habría utilizado violencia física e intimidación psicológica para explotarla sexualmente y obligarla a producir contenido pornográfico.
La fiscalía también acusó a Tristan Tate de haber actuado como cómplice, utilizando agresiones físicas para ayudar a ejercer coerción sobre la menor. De acuerdo con los investigadores, los hermanos habrían obtenido aproximadamente 1,25 millones de dólares de los ingresos generados por los videos y se habrían quedado con alrededor del 80 por ciento de las ganancias de la víctima.
Los fiscales agregaron que los hermanos intentaron blanquear parte de ese dinero mediante la adquisición de cuatro vehículos de lujo. Estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre las actividades económicas y criminales que las autoridades atribuyen a los Tate.
A pesar de la nueva acusación formal, el juicio en Rumanía no comenzará inmediatamente. La legislación rumana establece que el documento de acusación debe pasar primero por una cámara preliminar, donde un juez revisará los expedientes y determinará si las pruebas y los procedimientos cumplen con los requisitos legales. Aunque la ley contempla un plazo de 60 días para completar esta revisión, los fiscales señalaron que estos procesos suelen prolongarse considerablemente.
Los hermanos podrían ser juzgados en ausencia si permanecen fuera de Rumanía. Sin embargo, el DIICOT indicó que todavía no estaba claro si solicitará formalmente su extradición desde Estados Unidos para que enfrenten los procedimientos judiciales en territorio rumano.
Este caso se suma a procesos anteriores contra los Tate. Ambos fueron acusados previamente en Rumanía de trata de personas, pero a finales de 2024 un tribunal de apelaciones de Bucarest devolvió el expediente a los fiscales después de considerar inadmisibles algunas pruebas presentadas en la investigación.
Tate había afirmado anteriormente que eligió establecerse en Rumanía porque consideraba que allí las autoridades policiales eran menos estrictas. Ahora, las nuevas acusaciones y su detención en Estados Unidos colocan nuevamente sus actividades bajo un intenso escrutinio judicial tanto en Rumanía como en Reino Unido.
