Introducción
El contrabando de celulares en Argentina ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un problema estructural en el mercado tecnológico. Este problema tiene consecuencias directas sobre la industria formal, la recaudación fiscal y la seguridad del consumidor.
El crecimiento del contrabando de celulares
Según datos sectoriales, aproximadamente un tercio de los dispositivos activados provienen de circuitos informales, superando los 55.000 equipos ilegales por semana y alcanzando más de 3 millones de unidades anuales en un mercado total estimado en 9 millones de dispositivos. Estas cifras, difundidas por la Asociación de Ensambladores Fueguinos (AFARTE) y recopiladas por consultoras especializadas, muestran una intensificación del fenómeno entre 2024 y 2025, a pesar de la reducción progresiva de aranceles para la importación de celulares. El descenso impositivo no logró redirigir la demanda hacia los canales formales ni disminuir el volumen del mercado ilegal.
La mayoría de estos equipos provienen de China, con escalas comerciales en Paraguay, especialmente en Ciudad del Este y Encarnación, antes de su ingreso a territorio argentino a través de pasos fronterizos como Posadas o Clorinda. Desde allí, se distribuyen a grandes centros urbanos a través de rutas nacionales.
Modalidades de contrabando
El contrabando de celulares se manifiesta de diversas formas. En operaciones masivas, las cargas ocultas son transportadas en camiones, colectivos o contenedores que evaden los controles aduaneros y luego se comercializan en redes informales. En la modalidad “hormiga”, personas introducen pequeñas cantidades para abastecer ferias, ventas domiciliarias o circuitos no registrados.
Impacto del contrabando de celulares en la industria nacional
La dimensión del mercado ilegal de celulares es elocuente al compararla con la importación formal. Según la consultora Tesys para AFARTE, durante el primer cuatrimestre de 2025, con un arancel del 16%, se importaron legalmente unas 185.538 unidades, cifra que disminuyó tras la reducción del arancel al 8%.
En 2025, las importaciones formales representaron apenas el 5% del mercado, bajando del 6% obtenido en 2024. Las reducciones arancelarias no lograron incentivar el crecimiento de la oferta legal frente a la persistencia del circuito informal, que continúa concentrando una parte sustancial de las activaciones.
Desafíos para la industria
Desde AFARTE, su directora ejecutiva, Ana Vainman, señaló que la reducción de aranceles planteó un reto adicional para las empresas, las cuales debieron implementar mejoras en productividad, logística y eficiencia. Entre las acciones adoptadas destacan la optimización de procesos productivos conforme a estándares internacionales y avances logísticos significativos, como la habilitación de bitrenes para reducir costos de transporte.
Canales digitales: principales vías del comercio ilegal
El auge del comercio ilegal de celulares está directamente relacionado con la proliferación de plataformas digitales, redes sociales y plazas de negocios virtuales, que se transformaron en los principales canales de venta. Publicaciones que promocionan “equipos liberados”, “sin impuestos” o “a precio de frontera” permiten que miles de dispositivos sin homologación ni aval aduanero lleguen al consumidor final.
Riesgos para el consumidor
La adquisición de celulares proveniente del contrabando implica riesgos concretos para el usuario, como la ausencia de garantía oficial, la posible incompatibilidad con redes locales y dificultades para el registro de IMEI, lo que obstaculiza el bloqueo en caso de robo o extravío. Además, existen riesgos eléctricos por cargadores y accesorios no certificados, y la imposibilidad de efectuar reclamos ante fabricantes u operadores.
Contrabando de celulares: desafíos en la fiscalización y control
A pesar de que se han reforzado los controles aduaneros en zonas estratégicas, los niveles de decomiso no reflejan una disminución significativa del mercado ilegal. Entre las iniciativas propuestas destaca el fortalecimiento del bloqueo por IMEI, endurecimiento de sanciones penales y económicas para las organizaciones criminales y una mayor digitalización de la fiscalización.
Acciones de control
Entre abril y septiembre de 2025, la UIA coordinó junto a las fuerzas federales 26 allanamientos en Buenos Aires y sus alrededores, logrando incautar 750 celulares, 230 relojes inteligentes y 330 cargadores. Tanto UIA como AFARTE reclamaron incrementar la fiscalización digital, robustecer los controles fronterizos y aumentar las penas para quienes organizan el contrabando, con el propósito de resguardar la producción nacional y restablecer la competencia en el mercado formal.
Conclusión
El contrabando de celulares en Argentina es un problema estructural que afecta a la industria formal, la recaudación fiscal y la seguridad del consumidor. A pesar de los esfuerzos por controlar este fenómeno, el mercado ilegal sigue creciendo, impulsado por la proliferación de plataformas digitales y la falta de mecanismos efectivos de verificación. Es necesario implementar políticas más integrales y efectivas para combatir este problema y proteger la industria nacional.
