El intendente Daniel Passerini activó una reestructuración forzada en la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito en un intento desesperado por contener el derrumbe político de su gestión. La medida llega tarde y expone la incapacidad del jefe municipal para gestionar una estructura tomada por la corrupción y el clientelismo.
La purga alcanza a las 4 direcciones generales de la repartición, incluyendo las áreas de Transporte, Tránsito, Educación Vial y Policía Municipal. Este desmantelamiento ocurre luego de que quedara expuesto que Claudio Barrelier, imputado por el asesinato de Agostina Vega, fue incorporado como becario en 2021 gracias a la red de contactos del concejal Ricardo Moreno.
“El objetivo es facilitar el avance de las investigaciones”, justificaron desde la Municipalidad de Córdoba, aunque la medida huele a encubrimiento de una desidia administrativa insostenible.
Un área bajo sospecha permanente
Esta dependencia ya estaba en la mira judicial desde hace semanas por una causa de emisión de carnets de conducir apócrifos que tramita la fiscal Paula Bruera. En aquel escándalo, se allanaron oficinas municipales y se detuvo a empleados que, lejos de ser casos aislados, formaban parte de una estructura habituada a operar al margen de la ley.
El área funcionaba con total impunidad, habiéndose detectado incluso un punto de narcomenudeo en la vivienda de un empleado municipal durante los operativos. Esta desorganización crónica demuestra que el municipio se convirtió en una agencia de colocación para personajes de prontuario dudoso, evidenciando una falta total de control por parte de Daniel Passerini.
Para los cordobeses, el impacto es directo: la desidia estatal en el control de su propia repartición degrada la calidad de los servicios públicos y expone a toda la sociedad. El aparato municipal de la capital ha sido utilizado como refugio de militantes, transformando una institución clave en un nido de irregularidades que ningún funcionario parece poder —o querer— limpiar.
La crisis de gobernabilidad sin retorno
La gestión de Passerini no da la talla para conducir una ciudad de la magnitud de Córdoba Capital, demostrando que los manotazos de ahogado solo sirven para ocultar una estructura putrefacta. El regreso de Raúl La Cava al Concejo Deliberante para proteger a Ricardo Moreno confirma que el oficialismo prefiere salvar a sus cuadros políticos antes que priorizar la decencia institucional.
El contribuyente cordobés, que sostiene con sus impuestos un gasto público cada vez más ineficiente, es quien paga las consecuencias de esta protección a delincuentes. El futuro de la ciudad exige una ruptura definitiva con estas prácticas de clientelismo que han permitido que personajes sin idoneidad cobren sueldos estatales mientras la institucionalidad se desploma.
