Sin embargo, el avance de esa investigación permitió abrir una segunda línea que alcanza directamente al empresario vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Los investigadores sospechan que Báez podría encabezar, incluso desde su lugar de detención en Ezeiza, una organización destinada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito pese a las restricciones patrimoniales derivadas de sus condenas.
Uno de los elementos que conecta ambas investigaciones es que uno de los presuntos integrantes de la estructura atribuida a Báez también sería el jefe de la organización dedicada al tráfico de drogas en Santa Cruz. Esta hipótesis todavía debe ser acreditada judicialmente y constituye uno de los principales ejes de la investigación.
Por pedido de la fiscalía federal de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez Vázquez ordenó más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias santacruceñas y Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron embargos, requisas y secuestros de vehículos, documentación y sustancias estupefacientes.
