El relato de una testigo que trabajó en Wachitas bar desnudó una realidad repugnante que funcionaba a plena luz del día en Nueva Córdoba. La denunciante confirmó que el establecimiento servía de fachada para un sistema de explotación sistemática de mujeres, donde se incluía la venta de drogas, la imposición de prácticas sexuales aberrantes y la presencia de menores en condiciones de absoluta vulnerabilidad.
Este esquema delictivo no operaba en la clandestinidad absoluta, sino bajo un sistema de constantes clausuras y reaperturas que exponen una red de complicidad política. Según el testimonio, cada faja de clausura colocada por inspectores municipales era ignorada sistemáticamente tras el pago de sobornos, permitiendo que este antro continuara operando con total impunidad mientras el Estado miraba hacia otro lado.
“La municipalidad clausuraba el lugar, pero bueno, después se pagaba y se volvía a abrir”, sentenció la testigo sobre el accionar de los responsables del control.
El desprecio estatal por la integridad humana
El caso Wachitas bar es la prueba máxima del fracaso de la fiscalización de la Municipalidad de Córdoba, cuya inoperancia permitió que un foco de trata y explotación funcionara durante 4 años sin que ninguna autoridad detuviera la actividad. Mientras el contribuyente cumple con cada una de las exigencias burocráticas para ejercer el comercio, la gestión de Daniel Passerini mantuvo habilitaciones vigentes para un local que, según los testimonios, funcionaba como una zona liberada donde la vida humana no tenía valor alguno.
Resulta repulsivo que los responsables del Ente de Fiscalización y Control hayan permitido que un lugar con tales antecedentes siguiera abierto, promocionado y activo bajo la órbita de figuras vinculadas a causas penales graves. La omisión del Palacio 6 de Julio no es un error administrativo, sino una negligencia criminal que posibilitó la persistencia de un negocio basado en el abuso, la venta de estupefacientes y la degradación sistemática de mujeres en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Este nivel de connivencia es un golpe devastador contra el orden institucional. Una gestión que no puede controlar lo que ocurre en un bar céntrico es una gestión que ha perdido su capacidad de garantizar la ley, prefiriendo la recaudación de tasas por sobre la protección de los ciudadanos y la ética pública.
Responsabilidad política y el fin de la impunidad
El silencio de la Municipalidad de Córdoba ante las evidencias de connivencia con inspectores municipales es una mancha que no se borra con el cierre definitivo de un local. La sociedad exige una investigación interna que llegue hasta los niveles más altos de la cadena de mando, para identificar a los “cómplices” que permitieron que este antro fuera “tierra fértil” para la criminalidad organizada.
El vecino cordobés merecen un Estado que deje de ser un socio silencioso del delito y comience a cumplir su rol constitucional. Solo una auditoría externa e imparcial sobre los registros de habilitaciones y los informes de inspección podrá limpiar la imagen de una Municipalidad de Córdoba que hoy aparece ante los ojos de todos como un sistema permeable a las peores formas de corrupción.
La revelación de estos hechos atroces marca un punto de no retorno donde la exigencia de transparencia debe ser total para evitar que nuevas tragedias sigan sucediendo por omisión.
