El delincuente Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido bajo el alias de “Pequeño J.”, arribó finalmente a suelo argentino este lunes 4 de mayo. El traslado se realizó con la máxima eficiencia operativa: el reo aterrizó en la Base Aérea del Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea argentina proveniente de Lima, Perú, tras haber realizado escalas técnicas en Asunción (Paraguay) y Salta. El dispositivo de seguridad fue impenetrable, coordinado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el enlace de Interpol, quienes custodiaron al criminal desde su detención en territorio peruano en septiembre del año pasado.
Aunque inicialmente se evaluó su alojamiento en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en Villa Lugano, el Servicio Penitenciario Federal, alineado con los nuevos protocolos de máxima seguridad, decidió su traslado inmediato al área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz. Allí esperará su declaración indagatoria, programada para este martes vía Zoom, ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi.
Valverde Victoriano enfrenta cargos por el “espanto genuino” que provocó el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2026 en Florencio Varela. Las víctimas, jóvenes adolescentes, sufrieron un calvario inimaginable: fueron “apuñaladas y mutiladas”, incluso después de muertas, para ser finalmente enterradas en fosas al ras de la tierra.
Los investigadores determinaron que este nivel de salvajismo fue motivado por un “simple robo de droga o dólares”, lo que demuestra el desprecio absoluto por la vida humana que profesan estas bandas narcocriminales.
La calificación legal que pesa sobre el extraditado es una sentencia anticipada de justicia: “homicidio criminis causa agravado” por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento, sumado a “privación ilegal de la libertad coactiva agravada”. Fuentes judiciales son tajantes ante el nuevo paradigma de orden: “Si es condenado, es prisión perpetua. No hay otra para ‘Pequeño J’”.
El proceso de extradición se dilató durante 8 meses debido a los arcaicos mecanismos de la burocracia peruana, donde “todo pasa por la Corte y el Ejecutivo”, pero la persistencia del Estado argentino logró quebrar esa inercia para traer al imputado al banquillo de los acusados.
La reconstrucción del horror revela que la DDI de La Matanza y la UFI de Homicidios, bajo la dirección de los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, fueron piezas clave para elevar la causa a la justicia federal y destapar la “pista narco”. Antes de su caída en Lima, “Pequeño J” protagonizó una huida desesperada: se refugió en un aguantadero del barrio El Tambo en Isidro Casanova, propiedad de su última novia, donde la policía halló pruebas irrefutables: su pistola calibre .40 y un jogging “manchado con sangre”.
Además, filmaciones de seguridad lo ubicaron junto a una de las víctimas, Lara Gutiérrez, en los días previos a la masacre.
La justicia ahora apunta a la cúpula de esta estructura criminal. En la pirámide delictiva, por encima de Valverde Victoriano, se encuentran dos prófugos peruanos: su tío, Manuel David Valverde Rodríguez, y el capo narco Alex Ydone Castillo, señalado como el dueño de la mercancía robada que desencadenó la tragedia.
Asimismo, la investigación del secretario Calvi ha identificado a 3 nuevos sospechosos vinculados a la logística del traslado y las torturas en una vivienda de la zona de Villa Vaettone, conocida como la “casa del horror”. La Argentina ya no es tierra de impunidad; hoy, gracias a una gestión que prioriza el orden, los monstruos enfrentan el peso total de la ley.
