“Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)”, explicó el ministro en su publicación.
La condición busca evitar que el programa se convierta en un mecanismo de salida temporal financiado con recursos públicos, seguido por una nueva incorporación al Estado. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el cobro de la compensación estará sujeto a las restricciones previstas para quienes pretendan volver a trabajar en la administración pública.
La reducción del Estado como eje de la gestión de Milei
El nuevo régimen se inscribe en la política de reorganización estatal impulsada por la administración libertaria, que plantea reducir estructuras, revisar la cantidad de empleados públicos y mejorar la asignación de los recursos presupuestarios.
Con la oficialización del programa, el Gobierno suma una herramienta de desvinculación voluntaria para avanzar en ese objetivo sin establecer una salida obligatoria para todos los trabajadores alcanzados. La cantidad de adhesiones que finalmente se concrete determinará el alcance efectivo de la reducción de personal y el ahorro que pueda generar la medida.
El Ejecutivo sostiene que la contención del gasto público constituye una condición para sostener su estrategia fiscal y avanzar con nuevas reducciones impositivas. En ese marco, el régimen de retiro voluntario abre una nueva instancia dentro de la reforma del Estado, con cerca de 20.000 empleados potencialmente elegibles y condiciones específicas para quienes opten por abandonar la administración pública.
