El Gobierno nacional advirtió a CTERA que deberá garantizar al menos el 75% del servicio educativo durante el paro docente convocado para el próximo lunes 3 de agosto y anticipó que aplicará las sanciones legales correspondientes en caso de que las entidades sindicales incumplan con esa obligación.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que reconoce a la educación como un servicio esencial y limita la posibilidad de que los gremios paralicen por completo las actividades escolares.
La aclaración fue realizada conjuntamente por las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social luego de que CTERA anunciara una nueva medida de fuerza de alcance nacional. Según indicó la cartera conducida por el Gobierno, el artículo 101 de la legislación establece que durante las protestas gremiales debe mantenerse una cobertura mínima equivalente al 75% de la prestación habitual.
De esta manera, las organizaciones sindicales podrán desarrollar medidas de acción directa, pero no interrumpir totalmente el dictado de clases ni impedir que los estudiantes accedan al sistema educativo. La disposición busca resguardar especialmente a las familias que dependen de las escuelas públicas y que suelen quedar como principales perjudicadas por los conflictos impulsados por la dirigencia gremial.
“La norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, señaló Capital Humano.
El Ministerio también dejó en claro que el incumplimiento de esos porcentajes no quedará sin consecuencias. Según el comunicado, las entidades sindicales que no garanticen la prestación mínima establecida serán sancionadas mediante los mecanismos legales aplicables.
La advertencia marca una diferencia respecto de administraciones anteriores, que durante años permitieron que las disputas sindicales derivaran en la suspensión completa de las clases, aun cuando los alumnos acumulaban graves dificultades de aprendizaje.
Desde la gestión de Javier Milei reafirmaron que la continuidad educativa constituye una prioridad y remarcaron que el ejercicio del derecho a huelga no puede traducirse en la eliminación del derecho de los estudiantes a recibir educación.
“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor”, concluyó el organismo, que buscará garantizar la apertura de las escuelas.
