El municipio bonaerense de Ramallo, gobernado por el intendente peronista Mauro Poletti, avanzó con un polémico esquema que extenderá a todo el tránsito pesado una tasa de $37.000 por cada ingreso al distrito, en un corredor de apenas 5,1 kilómetros utilizado por camiones vinculados con la producción y el comercio exterior.
Poletti forma parte del armado político del gobernador Axel Kicillof y el pasado 15 de agosto, fue anfitrión y encabezó la apertura de un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ramallo, el espacio conducido por el mandatario bonaerense. El encuentro reunió a intendentes y funcionarios del kicillofismo de la Segunda Sección Electoral.
Una aduana interna de $37.000 por apenas cinco kilómetros
El esquema de Ramallo alcanza al ex Camino Provincial Ruta 87, un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. El municipio kirchnerista adjudicó a una empresa privada por 20 años el sistema de control y cobro mediante pórticos de pesaje y tecnología TAG.
Cada camión deberá afrontar un cobro de hasta $37.000 por ingreso, al que pueden sumarse otros $25.000 cuando el vehículo accede a una planta industrial. Según FADEEAC, el costo por kilómetro resultante es un 120% superior al correspondiente al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
La medida generó el rechazo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y de entidades industriales, que reclamaron la intervención del Ministerio de Economía y pidieron suspender el inconstitucional esquema.
Los transportistas sostienen que el cobro podría funcionar como un peaje encubierto y cuestionan su constitucionalidad de cara a la justicia por afectar la circulación interjurisdiccional de mercaderías.
Desde la Municipalidad argumentan que la tasa no es nueva, sino que existe desde 2002 y anteriormente era abonada únicamente por pocas compañías; ellos buscan ampliar el alcance. También aseguran que existe una “contraprestación” vinculada al mantenimiento de la calzada y señalización.
El conflicto vuelve a colocar en discusión la presión tributaria municipal sobre el sector productivo, mientras el Gobierno nacional busca transparentar las tasas locales y reducir los costos que enfrentan las empresas para producir y transportar mercadería.
