El alcance numérico de la maniobra gubernamental queda al descubierto en los datos recopilados por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, departamento que ha tramitado más de 1,2 millones (1.200.000) de solicitudes, validando 571.761 e inscribiendo en los consulados a 333.696 personas. De los 168.896 beneficiarios por esta vía, 163.020 habían logrado ser introducidos velozmente en el censo electoral cerrado el 1 de agosto. Como consecuencia del auto, el tribunal ha dispuesto que los afectados sean emplazados formalmente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El fallo judicial cuenta con el voto particular de la magistrada Alicia Millán (Millán Herrandis), quien argumentó que la convocatoria anticipada ordenada por Pedro Sánchez cambió cualitativamente el escenario legal respecto a septiembre, otorgando al plazo otorgado a las partes carácter de improrrogable de dos días. A juicio de esta jueza discrepante, la exclusión inflige un perjuicio “actual e irreversible” que priva del sufragio respaldado en “situaciones jurídicas plenamente eficaces y no anuladas”, sin que en el futuro nada “podrá restituirles la oportunidad perdida de participar en ese específico proceso electoral”.
Tras divulgarse la sentencia este lunes 12 de octubre de 2026 a las 15:40 (actualizada a las 16:39) en una información firmada por Fernán González, Jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO, la maquinaria del Ejecutivo zurdo —respaldada por la Fiscalía— ha activado de inmediato sus terminales para frenar la resolución.
Durante la recepción del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, miembros del Gobierno deslizaron corrillos periodísticos censurando que para “algunos” la participación democrática no resulte “tan relevante”, mientras el ministro Félix Bolaños (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) insistió en que “privar el derecho a voto a españoles” reviste “mucha trascendencia”. A través de la Abogacía General del Estado, el Gabinete de Pedro Sánchez analiza apresuradamente si puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender la validez de las inscripciones formalizadas bajo la Disposición Adicional de la norma.
