Bruselas busca aprobar la condición exigida por EEUU para reducir las tarifas a los autos europeos
La Unión Europea (UE) intentará aprobar por la vía rápida, antes del fin de semana, una legislación que elimine todos los aranceles a los bienes industriales procedentes de EEUU, una condición exigida por el presidente Donald Trump para reducir los aranceles estadounidenses a las exportaciones de autos del bloque, informó Bloomberg News.
Según personas familiarizadas con las negociaciones, la Comisión Europea, responsable de la política comercial comunitaria, también otorgará tarifas preferenciales a ciertos productos del mar y agrícolas.
Un pacto favorable a EEUU
Desde Bruselas admiten que el acuerdo alcanzado favorece a Washington, pero defienden que el entendimiento es necesario para brindar a las empresas estabilidad y certidumbre en un escenario de tensiones comerciales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo describió previamente como “un acuerdo fuerte, aunque no perfecto”.
La decisión llega incluso mientras Trump mantiene la amenaza de imponer nuevos aranceles y sanciones contra países que graven los servicios digitales, sin aclarar si la UE estaría incluida. El mandatario ha criticado durante años la regulación tecnológica y antimonopolio europea que afecta a gigantes como Google (Alphabet) y Apple.
El foco en la industria automotriz
Actualmente, los automóviles y autopartes de la UE enfrentan un arancel del 27,5% al ingresar a Estados Unidos. Si bien el acuerdo comercial firmado contempla que casi todos los productos europeos tributen un arancel reducido del 15%, Trump advirtió que esa rebaja no se aplicará a los automóviles hasta que se legisle formalmente la eliminación de los aranceles industriales y de otros bienes.
De aprobarse la normativa antes de fin de mes, la tarifa del 15% sobre los autos europeos se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de agosto. Los automóviles son una de las principales exportaciones del bloque hacia EE.UU.: solo Alemania envió en 2024 vehículos y partes por u$s34.900 millones.
Para cumplir con los tiempos, la Comisión Europea decidió omitir la tradicional evaluación de impacto, un paso habitual en estos procesos legislativos, con el objetivo de avanzar lo más rápido posible, según fuentes que pidieron el anonimato.
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