Las declaraciones contrastan con la sucesión de accidentes que atraviesa España. El pasado 28 de octubre, una colisión entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, provocó 69 muertes, mientras que el 3 de noviembre otros tres vagones de mercancías cargados de cereal se desprendieron de una instalación ferroviaria privada en Martorell, Barcelona, y terminaron chocando contra una locomotora de Renfe. En este último caso, el conductor también fue trasladado al hospital por precaución, aunque no sufrió lesiones.

La crisis ferroviaria ya provocó importantes consecuencias políticas para el Ejecutivo socialista, entre ellas la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y cambios en la dirección de Adif y Renfe. Su sucesor, Carlos Cuerpo, anunció la “puesta en marcha” de una comisión independiente de expertos para evaluar el funcionamiento del sistema ferroviario que el propio gobierno de Sánchez llenó de militantes de izquierda.
El nuevo siniestro vuelve a poner bajo presión al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que deberá responder por la falta de condiciones de mantenimiento, la prevención de riesgos y las garantías de seguridad de una infraestructura fundamental para millones de españoles.
