Estados Unidos elevó la presión sobre sus aliados de América Latina y el Caribe para que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, realizó el pedido durante un foro de seguridad regional celebrado en Panamá y acusó al tribunal con sede en La Haya de representar una amenaza para la soberanía de los Estados.
“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, afirmó Hegseth ante representantes de Defensa y seguridad de los países que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles.
La organización, impulsada por el presidente Donald Trump para profundizar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, reúne actualmente a 19 países de América Latina y el Caribe. Colombia formalizó su incorporación durante el encuentro realizado en Panamá.
Hegseth apuntó contra la Corte Penal Internacional
El secretario de Defensa cuestionó duramente las atribuciones de la CPI y sostuvo que el organismo internacional pretende arrogarse facultades que corresponden exclusivamente a los Estados.
La Corte Penal Internacional fue creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma para investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la jurisdicción de la CPI. La misma posición es mantenida por otras grandes potencias como China, Rusia e India.
La administración de Donald Trump profundizó además su enfrentamiento con el tribunal y aplicó sanciones contra jueces y fiscales de la CPI, incluyendo restricciones de viaje y congelamiento de activos.
Washington acusa a la CPI de avanzar contra la soberanía
Durante su discurso, Hegseth sostuvo que no existe una base legítima para que la Corte intente ampliar su autoridad sobre los gobiernos y las Fuerzas Armadas estadounidenses.
“No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI”, afirmó el funcionario.
El jefe del Pentágono también apuntó contra sectores que, según su visión, buscan utilizar organismos internacionales para condicionar las decisiones soberanas de Estados Unidos y sus aliados.
En particular, acusó a “la izquierda internacional” y a sectores de la prensa de impulsar una agenda destinada a ampliar la influencia de la Corte sobre las operaciones militares estadounidenses.
Hegseth también cuestionó a otros organismos internacionales a los que calificó de “globalistas” y sostuvo que existe un doble estándar a la hora de perseguir a distintos actores internacionales.
La ofensiva contra los cárteles quedó en el centro de la discusión
El reclamo contra la CPI se produjo mientras Estados Unidos intensifica su campaña militar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
Según el recuento citado en el informe, las operaciones estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas acumularon 53 ataques y alrededor de 215 muertos.
La ofensiva generó cuestionamientos de juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos, que plantearon dudas sobre la legalidad de algunos de los bombardeos.
Hegseth, sin embargo, defendió la estrategia y aseguró que las operaciones produjeron una “caída récord” en el tránsito de narcolanchas en ambas costas del continente.
El funcionario dejó claro que Washington no acepta que la CPI pueda intervenir en las operaciones estadounidenses ni en las acciones de los países aliados que participan de la lucha contra los cárteles.
Una nueva disputa entre Washington y los organismos internacionales
El enfrentamiento con la CPI forma parte de una política más amplia de la administración Trump orientada a reducir la influencia de organismos internacionales sobre las decisiones soberanas de Estados Unidos.
La presión sobre los 19 integrantes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles abre ahora un nuevo frente político en la región. Los gobiernos deberán definir si mantienen su participación en la CPI o si priorizan el alineamiento estratégico con Washington en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Para Estados Unidos, la cuestión excede el debate jurídico: se trata de evitar que tribunales internacionales puedan condicionar las decisiones de los gobiernos y de sus Fuerzas Armadas.
El planteo de Hegseth marca así una posición cada vez más contundente de Washington frente a la CPI y anticipa una disputa diplomática con aquellos países latinoamericanos que decidan mantener su adhesión al Estatuto de Roma.
