Condenan a propietario de Café Kaldi en Venezuela por estafa con criptomonedas
El propietario del Café Kaldi en Venezuela, José Youssef Boutros, fue condenado a 18 años de prisión por estafa, legitimación de capitales y asociación delictiva, utilizando criptomonedas en un esquema fraudulento, según informó el Fiscal General del país, Tarek William Saab.
Daño económico superior a 1,5 millones de dólares
El fiscal reveló que el perjuicio económico derivado de este caso supera los 1,5 millones de dólares. Boutros y sus socios engañaron a inversores utilizando la marca Café Kaldi como fachada para atraerlos al esquema delictivo.
La condena llega un año después de la detención de Boutros en diciembre de 2024, cuando se descubrió un complejo esquema de fraude que involucraba el uso de criptomonedas y estructuras fraudulentas para estafar a múltiples víctimas.
Promesas falsas e intimidaciones
Según un informe del Ministerio Público, el Café Kaldi operaba como una fachada para captar inversores, ofreciendo cambio de divisas en sus locales al precio oficial del Banco Central de Venezuela o al valor de la stablecoin tether en el mercado paralelo, con promesas de retornos lucrativos.
Una vez que los ciudadanos invertían, se les informaba que debían “techar” sus fondos antes de poder cobrarlos, reteniendo así el dinero. Además, los agresores intimidaban a las víctimas asegurando que Boutros tenía conexiones con un gobernador y un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional.
Este caso se suma a otras investigaciones de presuntas estafas relacionadas con criptomonedas que han afectado a venezolanos. En abril, la Fiscalía abrió una investigación contra HV IJEX, una plataforma acusada de operar un esquema ponzi y dejar a unas 80.000 personas en Venezuela y Colombia sin acceso a sus ahorros, prometiendo ganancias rápidas a través de inversiones en criptoactivos.
En conclusión, la condena de José Youssef Boutros por estafa con criptomonedas y operaciones fraudulentas a través del Café Kaldi en Venezuela destaca la importancia de la regulación y supervisión en el uso de activos digitales para prevenir este tipo de delitos financieros que afectan a los inversores y la economía en general.
