El FMI confirma impacto fiscal de leyes golpistas en Argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado que las leyes golpistas recientemente aprobadas por el Congreso argentino, las cuales serán vetadas por el presidente Javier Milei, implican un incremento del gasto público equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Contexto de las leyes y su impacto
Según el staff report publicado por el FMI, estas iniciativas legislativas se aprobaron en un contexto de creciente presión electoral a nivel provincial y nacional, representando un retroceso en los objetivos de consolidación fiscal acordados entre el Gobierno y el organismo.
Las medidas incluyen un aumento real del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, un incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000 con cláusula de actualización por inflación, y la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Además, se declara la emergencia nacional en materia de discapacidad, habilitando mayores transferencias y beneficios.
Repercusiones y veto presidencial
El FMI señaló que la reversión de estas costosas iniciativas podría demorarse más allá de octubre, afectando las metas fiscales establecidas por el Gobierno. Ante esto, el presidente Milei firmó el veto total a los proyectos, argumentando que buscan destruir el superávit fiscal y generar una nueva crisis económica.
Desde Casa Rosada se trabaja para evitar que el veto sea rechazado en el Congreso, lo cual requiere reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, algo que por ahora la oposición no parece tener asegurado.
Respaldo del FMI y compromisos futuros
El staff report fue divulgado tras la aprobación de la primera revisión técnica del acuerdo, que habilita un desembolso de US$2000 millones, a pesar de que Argentina no alcanzó la meta de acumulación de reservas para mediados de junio. El FMI destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales hasta ese momento y respaldó el sendero de ajuste asumido por el Gobierno.
Finalmente, el informe reafirma que el Poder Ejecutivo mantiene el compromiso de avanzar con una reforma previsional integral hacia fines de 2026, como parte del rediseño estructural del gasto público.
Conclusión
La confirmación del FMI respecto al impacto fiscal de las leyes opositoras refuerza la posición del Gobierno nacional, que sostiene la necesidad de preservar el equilibrio fiscal como condición indispensable para evitar una nueva crisis macroeconómica. Es crucial que se mantenga la disciplina fiscal y se busque un consenso para garantizar la estabilidad económica del país.
