“Implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud”

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“Implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud”

Implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud

El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, lideró una reunión para analizar la implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), establecido por decreto del Gobierno nacional. En la reunión participaron autoridades nacionales, referentes sanitarios, académicos, del Poder Judicial y Legislativo.

Los expertos discutieron la importancia de un trabajo coordinado entre la justicia, los organismos de regulación y el sistema de salud para abordar el aumento de la judicialización en temas de salud. Esta iniciativa busca restablecer el diálogo y promover soluciones consensuadas que reduzcan costos, amplíen la equidad y fomenten la mediación como mecanismo de resolución de conflictos.

Objetivos del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud

El objetivo principal del PROMESA es promover soluciones consensuadas que reduzcan costos, amplíen la equidad y fomenten la mediación como mecanismo de resolución de conflictos. Además, busca consolidar la derivación judicial hacia la mediación como una vía para resolver conflictos de manera eficiente.

Qué es el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud

El Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud fue creado a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 379/2025 como una vía optativa, rápida y menos costosa para resolver conflictos relacionados con el acceso a prestaciones de salud.

Esta instancia de mediación es previa a una acción judicial y está diseñada para abordar controversias que involucren a Obras Sociales, Seguros de Salud o Medicina Prepaga. Su objetivo es facilitar la solución consensuada, reducir la judicialización y promover una respuesta institucional temprana y eficiente.

En resumen, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud busca mejorar la resolución de conflictos en el ámbito de la salud, promoviendo el diálogo, la mediación y la reducción de costos asociados a la judicialización. Es una herramienta importante para garantizar un acceso equitativo a las prestaciones de salud y una respuesta eficiente a las controversias en este sector.

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