El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un extenso comunicado en el que defendió la transparencia del proceso electoral en el exterior y rechazó de manera categórica las acusaciones que buscan poner en duda la validez del voto de los ciudadanos peruanos fuera del país.
La respuesta se produce en el marco del recurso presentado por el candidato comunista Roberto Sánchez, quien intenta anular esos sufragios al no resultarle favorables.
En su pronunciamiento oficial, la Cancillería reafirmó su compromiso con el respeto a la voluntad popular, la autonomía de los organismos electorales y el derecho de las fuerzas políticas a presentar observaciones dentro del marco legal. Sin embargo, marcó una clara línea frente a las acusaciones dirigidas contra el cuerpo diplomático.
En ese sentido, el organismo fue contundente al señalar que “el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral“.
Asimismo, subrayó la necesidad de preservar la honorabilidad de los funcionarios consulares, destacando que todos son de carrera y que cumplieron sus tareas en condiciones complejas, con jornadas extraordinarias y bajo los procedimientos establecidos por la normativa electoral.
La Cancillería también aclaró el rol que cumple en el proceso electoral en el exterior, enfatizando que su función se limita a la organización y apoyo logístico, en coordinación con los organismos electorales. Dejó en claro que tareas clave como la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no forman parte de sus competencias.
Respecto al procedimiento, explicó que una vez concluida la votación, los resultados son registrados en actas debidamente lacradas para garantizar su inviolabilidad. Estas actas son copiadas por los personeros de las organizaciones políticas y los resultados son publicados en los locales consulares para su verificación pública.
Posteriormente, el material es remitido a las autoridades electorales correspondientes conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, siendo la ONPE la encargada del procesamiento y consolidación final.
El comunicado también abordó el uso de herramientas tecnológicas durante la primera vuelta electoral, señalando que se implementó de manera complementaria un aplicativo para el escaneo de actas en 108 de las 180 oficinas consulares.
No obstante, aclaró que esta herramienta no reemplazó el procedimiento legal vigente. Tras registrarse dificultades técnicas y operativas, y en coordinación con la ONPE, se decidió no utilizarla en la segunda vuelta, sin que ello implicara modificaciones en el proceso legal ni en la cadena de custodia.
En esa línea, el Ministerio enfatizó que “la no utilización del aplicativo en la segunda vuelta tampoco produjo un vacio en la cadena de custodia ni un periodo sin control sobre el material electoral”, asegurando que todo el proceso se mantuvo bajo estrictos mecanismos de seguridad, trazabilidad y control, incluyendo el traslado mediante valija diplomática.
Finalmente, la Cancillería destacó su experiencia en la organización de procesos electorales en el exterior y remarcó que el material fue trasladado en los plazos establecidos, sin registrarse demoras ni incidencias.
También resaltó la participación de observadores internacionales, la fiscalización de organismos como el JNE y la Defensoría del Pueblo, así como un informe de la Contraloría que no detectó irregularidades.
El organismo concluyó reiterando que actuó en cumplimiento de sus funciones legales y con absoluto respeto a la neutralidad del Poder Ejecutivo, poniendo a disposición de las autoridades competentes toda la documentación necesaria en caso de ser requerida y rechazó las denuncias del comunista Sánchez.
