La ciencia desmiente el daño ambiental de Bitcoin: Daniel Batten  

Daniel Batten, experto en energía y en minería de Bitcoin, publicó este 10 de marzo un análisis en el que afirmó que la narrativa sobre el impacto ambiental negativo de Bitcoin se originó en un único trabajo de 2018 del investigador neerlandés Alex de Vries.

El problema central del enfoque de De Vries, de acuerdo con el análisis de Batten, es metodológico. El investigador neerlandés midió el impacto ambiental de Bitcoin usando la métrica de «energía por transacción», que asume que el consumo energético de la red crece con el volumen de transacciones.

La premisa empleada por De Vries es incorrecta: el consumo energético de Bitcoin está determinado por el hashrate de la red, no por la cantidad de transacciones que procesa.

El consumo de energía de Bitcoin no depende de la cantidad de transacciones, por lo que la red puede aumentar exponencialmente el volumen de transacciones sin incrementar sus emisiones. 

Daniel Batten, especialista en minería de Bitcoin. 

Usando Litmaps, una herramienta de rastreo de investigaciones académicas, Batten señaló que el trabajo de De Vries se trató de un «artículo de opinión de seis páginas publicado en una revista académica» que, por su formato, no pasó por un proceso completo de revisión de pares ni utilizó datos empíricos originales. 

Los cuatro estudios científicos que refutan la narrativa perjudicial sobre Bitcoin

Las ideas del investigador De Vries, conforme a lo expuesto por Batten, fueron refutadas posteriormente en cuatro estudios académicos independientes publicados en revistas con verificación de pares completa. Esos estudios son: Masanet (2019), Dittmar (2019), Sedlmeir (2020) y Sai y Vranken (2023). Cada uno de esos nombres refiere a los autores principales de cada estudio.

El último de esos cuatro, según Batten, «desmanteló sistemáticamente» el trabajo de De Vries y, tras su publicación, los principales medios dejaron de citarlo.

El estudio de Sai y Vranken revisó 128 investigaciones académicas y no académicas sobre el impacto energético de Bitcoin y concluyó que la mayoría de los modelos de análisis existentes de aquel entonces sufrían «fallas conocidas que limitan su confiabilidad».

Entre los problemas más graves que documentaron figura el uso incorrecto de la métrica «energía por transacción», la misma que usó De Vries: los propios autores señalan explícitamente que redes como Bitcoin y Ethereum no consumen electricidad por transacción sino por bloque, y que comparar ambos valores «puede ser inexacto o engañoso».

El diagnóstico de Sai y Vranken también identificó las siguientes fallas específicas en el trabajo de De Vries:

• Supuso que los equipos mineros tienen una vida útil de 1 a 2 años, cuando los datos muestran que un mismo ASIC para minar BTC puede operar durante 4 o 5 años.

• Usó distribuciones de hardware sin respaldo empírico.

• Extrapoló datos geográficos parciales para representar toda la red sin justificación verificable.

Para Sai y Vranken, ese trabajo «no construye sobre ninguna teoría existente y presenta sus propios métodos sin contextualizarlos en la literatura científica», lo que dificulta evaluar la solidez de sus conclusiones.

Además, Batten, en su comentario del 10 de marzo, también aseguró que el cambio en la cobertura mediática ya es visible: medios mainstream y 15 medios especializados en sostenibilidad cubren actualmente los beneficios ambientales de Bitcoin, respaldados por 24 estudios académicos con revisión de pares.

El debate: el FMI y el consumo energético de Bitcoin

El análisis de Batten no es el único frente del debate. Como reportó CriptoNoticias en agosto de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un estudio en el que comparó el consumo eléctrico de la minería de Bitcoin con el de toda Argentina.

En términos cuantitativos, Argentina consumió 140,2 teravatios hora (TWh) en 2024, una cifra comparable a las estimaciones de consumo de la red Bitcoin, de acuerdo con ese informe del FMI.

Batten, en aquel momento, respondió directamente a ese reporte calificándolo de engañoso. Su argumento central es que el FMI omite que gran parte de la energía que consume la minería de Bitcoin proviene de fuentes varadas, es decir, energía generada que no puede ser transportada ni consumida por otros usuarios debido a limitaciones de infraestructura.

Según Batten, 20 artículos revisados por pares y 7 estudios independientes demuestran que la minería de Bitcoin estabiliza redes eléctricas, mitiga emisiones de metano y reduce precios de electricidad, y que, por ejemplo, en 2023, el 52,4% de su energía provino de fuentes sostenibles.

Batten también acusa al FMI de tener conflicto de intereses contra Bitcoin, argumentando que el organismo compite con BTC en el sector del dinero y tiene historial de oponerse a su adopción.

Casos documentados: minería de Bitcoin como herramienta energética

Los argumentos de Batten sobre los beneficios ambientales de la minería tienen respaldo en casos concretos reportados por CriptoNoticias.

En julio de 2024, la empresa Mara Holdings (MARA) anunció un proyecto piloto en Satakunta, Finlandia, para usar el calor residual de un centro de datos minero de 2 megavatios como sistema de calefacción distrital para 11.000 habitantes.

En ese modelo, el 95% de la energía que consume un minero de Bitcoin se convierte en calor. Luego, mediante tecnología de inmersión, ese calor se captura y se bombea como agua caliente a los hogares. La comunidad paga a MARA la misma tarifa que pagaría por electricidad para generar calor, reduciendo emisiones y costos operativos simultáneamente.

En marzo de 2025, la empresa Gridless instaló un contenedor con 120 ASIC junto a la central hidroeléctrica de Zengamina, en una zona rural de Zambia, en África, a 14 horas de la ciudad más cercana.

La central tenía capacidad excedente que no podía distribuirse por falta de infraestructura de red. Los mineros consumen ese excedente, optimizando la red eléctrica de esa región, generando además ingresos que representaban el 30% de la facturación total de la planta hidroeléctrica, permitiéndole a esta última mantener operaciones y ofrecer electricidad accesible a una comunidad de 10.000 habitantes.

En septiembre de 2025, CriptoNoticias informó sobre el caso de Laos, una nación del sudeste asiático con abundante producción hidroeléctrica que supera su capacidad de exportación.

El gobierno laosiano comenzó a destinar ese excedente a minería de criptoactivos, con el objetivo de convertir los ingresos generados en pagos de su deuda externa, en la que China figura como principal acreedor. Para las autoridades, la minería representa una forma de convertir energía no aprovechable en valor económico sin depender de infraestructura de exportación adicional.

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