El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió una nueva etapa de incertidumbre política en Nicaragua después de que el dictador afirmara que en el país ”no volverá a haber elecciones” para permitir que sus adversarios lleguen al poder.
Las declaraciones, realizadas durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, provocaron una fuerte reacción internacional y obligaron al oficialismo a matizar el alcance de las palabras del mandatario, mientras el Parlamento anunció que impulsará reformas constitucionales y legales para establecer nuevas condiciones para futuros procesos electorales.
Ortega, quien mantiene a Nicaragua bajo su yugo desde 2007 y comparte actualmente el poder con su esposa, la co-dictadora Rosario Murillo, lanzó el domingo un duro discurso contra la oposición y contra Estados Unidos. En su intervención, aseguró que se terminó la posibilidad de que partidos políticos respaldados por Washington regresen al Gobierno y enfatizó que eso no volverá a ocurrir bajo su administración.
”Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás”, afirmó Ortega, en una declaración que fue interpretada como una amenaza directa contra la posibilidad de alternancia política mediante elecciones competitivas.
El mandatario también sostuvo que la oposición no podrá utilizar los procesos electorales para intentar ”atrapar el gobierno” o ”atrapar el poder”, en referencia a sus adversarios políticos, a los que el régimen acusa de actuar bajo influencia extranjera. Sus palabras generaron preocupación entre sectores opositores y organizaciones defensoras de la democracia, que consideran que el Gobierno nicaragüense ha eliminado progresivamente las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres.
La declaración de Ortega se produjo en un contexto en el que el sistema político nicaragüense se encuentra fuertemente controlado por el oficialismo. En las elecciones de 2021, varios de los principales candidatos opositores fueron detenidos antes de los comicios, mientras que Ortega obtuvo un nuevo mandato en un proceso ampliamente cuestionado por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales.
Ahora, las próximas elecciones presidenciales estaban previstas para noviembre de 2027. Sin embargo, las declaraciones del presidente parecieron poner en duda la continuidad del calendario electoral y la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir entre distintas alternativas políticas.
Ante la repercusión de las palabras de Ortega, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, salió este miércoles a matizar el mensaje y aseguró que sí habrá elecciones en Nicaragua. Según el jefe del Parlamento, el mandatario no quiso decir que el país abandonará completamente los procesos electorales, sino que no permitirá que estos estén bajo la influencia de Estados Unidos u otras potencias extranjeras.
Porras explicó que el Gobierno pretende modificar la Constitución y otras leyes para establecer un nuevo marco electoral que, según sus palabras, impida la injerencia extranjera y excluya de las contiendas políticas a quienes el régimen considere ”golpistas” o ”traidores a la patria”.
”Lo importante es que dejemos en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros”, declaró.
La propuesta del parlamento para suspender las elecciones
El Parlamento anunció un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras normas después del discurso de Ortega. Porras sostuvo que las futuras elecciones serán organizadas y determinadas por los propios nicaragüenses y rechazó cualquier participación de embajadores o representantes extranjeros en la organización de los comicios.
”Aquí no vamos a ser nunca más esclavos de nadie, de ninguna potencia extranjera y nunca más vamos a tener a un yanqui, a un imperialista dirigiendo las elecciones de nuestro país”, afirmó.
El oficialismo prevé presentar el proyecto de reformas después de realizar consultas y espera tener lista la iniciativa durante la primera semana de agosto, con el objetivo de aprobarla en la primera de dos legislaturas.
La reacción de Estados Unidos
La preocupación de la oposición se centra en que las nuevas reglas podrían utilizarse para restringir todavía más la competencia política. El Gobierno de Ortega y Murillo ya ha declarado ”traidores a la patria” a cientos de nicaragüenses y ha despojado de su nacionalidad a 452 personas, entre ellas reconocidos escritores, religiosos y dirigentes opositores.
La reacción de Estados Unidos no tardó en llegar. El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó las declaraciones de Ortega y advirtió que la administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional no permanecerán pasivas ante el avance del autoritarismo en Nicaragua.
”La administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio.
El secretario de Estado sostuvo además que el anuncio del mandatario nicaragüense expone la ”verdadera naturaleza autoritaria” del régimen y calificó su decisión de abandonar la vía electoral como una muestra de cobardía y temor frente a la voluntad popular.
El Departamento de Estado también llamó a la comunidad internacional a coordinar esfuerzos para presionar al régimen de Managua. Washington advirtió que Ortega y Murillo no pueden esperar mantener relaciones normales con otros países mientras, según Estados Unidos, socavan los principios democráticos del hemisferio.
La reacción estadounidense podría anticipar un endurecimiento de la política de Washington hacia Nicaragua. En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ya había sancionado a cinco personas y siete empresas vinculadas al sector del oro, entre ellas dos hijos de Ortega y Murillo. Las autoridades estadounidenses acusaron a estas entidades de contribuir a generar ingresos para sostener el control político del régimen.
Muchos analistas consideran que las nuevas declaraciones de Ortega podrían acelerar el paso de sanciones individuales a medidas económicas más amplias. Entre las posibles opciones se encuentran nuevas sanciones contra familiares y funcionarios, restricciones a empresas exportadoras y bancos, mayores controles sobre operadores logísticos y limitaciones de visas.
El sector del oro aparece como uno de los principales puntos de presión, debido a su importancia para las exportaciones y la generación de divisas de Nicaragua. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había advertido que el régimen utilizaba compañías auríferas y sus aliados para fortalecer sus recursos financieros.
La presión de Washington podría extenderse también a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones relevantes con personas o entidades sancionadas. Al mismo tiempo, Estados Unidos podría buscar una mayor coordinación con gobiernos latinoamericanos para enfrentar la represión interna y las acusaciones de persecución transnacional contra opositores.
