El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó este jueves la controvertida ley de amnistía impulsada por el Gobierno del presidente comunista español Pedro Sánchez, al considerar que la norma no vulnera el derecho comunitario. La decisión supone un importante alivio político para el ejecutivo socialista y para los partidos independentistas catalanes que hicieron posible la continuidad de Sánchez en el poder, aunque el fallo también establece algunos límites sobre la aplicación de determinados aspectos de la legislación.
La ley de amnistía fue aprobada por el Parlamento español en 2024 como parte del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las principales formaciones separatistas catalanas tras las elecciones generales de 2023. Gracias a ese pacto, Sánchez logró mantenerse al frente del gobierno pese a no contar con una mayoría parlamentaria propia, una decisión que desde entonces ha generado una intensa controversia política y jurídica en España.
Los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, denunciaron que la amnistía representaba una concesión sin precedentes a los líderes del movimiento independentista catalán a cambio de apoyo parlamentario. Diversos recursos judiciales y políticos intentaron frenar la entrada en vigor de la norma, aunque hasta ahora ninguno ha prosperado.
Durante la lectura del fallo, el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, afirmó que el derecho de la Unión Europea no impide que un estado miembro apruebe una ley destinada a reducir las tensiones institucionales y políticas mediante la extinción de responsabilidades penales. Asimismo, el tribunal concluyó que la adopción y aplicación de la amnistía corresponde exclusivamente a las autoridades españolas, por tratarse de una competencia nacional.
No obstante, la corte europea también introdujo un matiz relevante al señalar que los tribunales españoles no pueden verse obligados automáticamente a levantar responsabilidades económicas ni a paralizar determinados procedimientos judiciales dentro de un plazo fijo de dos meses mientras esperan decisiones relacionadas con el derecho europeo. Ese aspecto de la legislación, según el TJUE, no resulta compatible con los principios del ordenamiento comunitario.
El fallo llega en un momento delicado para el ejecutivo de Sánchez, cuya segunda legislatura ha estado marcada por la debilidad parlamentaria, las dificultades para aprobar nuevas leyes y diversas investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar. La dependencia del apoyo de los partidos separatistas ha obligado al Gobierno a negociar constantemente con sus socios, alimentando las críticas de quienes consideran que el Ejecutivo ha subordinado la estabilidad institucional a su permanencia en el poder.
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebró la nefasta resolución y aseguró que todos los españoles se benefician de la ley de amnistía. Además, pidió que la norma sea aplicada plenamente, especialmente en relación con los dirigentes independentistas que todavía mantienen causas judiciales abiertas.
Entre los líderes separatistas, la reacción fue favorable, aunque con distintos matices. Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), calificó la decisión como una buena noticia, pero sostuvo que la victoria aún no es completa debido a que algunos jueces españoles continúan negándose a aplicar plenamente la amnistía, incluida la causa que lo afecta personalmente.
Por su parte, el ex líder catalán Carles Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017 para evitar ser detenido por la justicia española, celebró el fallo como una ”victoria contundente” del movimiento independentista y aseguró que la decisión europea refuerza las aspiraciones soberanistas de Cataluña.
El pronunciamiento del TJUE podría facilitar el eventual regreso de Puigdemont a España sin temor a ser arrestado, aunque su situación judicial todavía depende de los tribunales españoles. El magistrado encargado de su caso ha sostenido en ocasiones anteriores que la amnistía no resulta aplicable debido a la acusación de malversación de fondos públicos vinculada a la organización del referéndum ilegal de independencia de 2017. Puigdemont rechaza esas acusaciones y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, cuya decisión se espera para los próximos meses.
