El Poder Legislativo de Córdoba tratará durante el desarrollo de la sesión ordinaria de hoy la sanción del Régimen de Protección de Víctimas de Delitos. La normativa, denominada informalmente como “Ley Joaquín”, introduce modificaciones técnicas directas sobre la Ley N° 8.123 con la finalidad de otorgar mayores facultades procesales a los afectados. Los familiares directos de Joaquín Sperani, adolescente asesinado en Laboulaye en el año 2023, presenciarán la votación parlamentaria.
Las comisiones de Seguridad y Legislación General emitieron un dictamen favorable unánime tras evaluar el articulado de la propuesta de reestructuración. Las diversas fuerzas de la oposición adelantaron su acompañamiento general al texto, aunque expresaron observaciones críticas puntuales respecto al tiempo de demora. Los bloques de legisladores debatirán la sanción definitiva inmediatamente después de concluir un tratamiento especial referido al esquema de Zona Fría.
La iniciativa legal consta de un esquema de 40 artículos redactados para actualizar las directrices procedimentales vigentes en el territorio desde 1991. El propósito central consiste en convertir las garantías de los damnificados en herramientas completamente operativas y de cumplimiento exigible en sede judicial. Los magistrados y fiscales estarán obligados a notificar de manera automática a los ciudadanos involucrados sobre los actos de relevancia procesal.
Alcance de la figura del querellante particular
El proyecto de reforma consagra de forma taxativa la posibilidad de que los damnificados se constituyan en calidad de querellantes ante los estrados. La disposición mantiene plena vigencia operativa incluso en aquellos expedientes penales complejos donde los presuntos autores de los ilícitos sean menores de edad. Algunos sectores técnicos advirtieron previamente sobre eventuales objeciones de inconstitucionalidad en referencia a la aplicación de esta medida.
“Hubo jurisprudencia dividida sobre este tema, pero entendimos que la víctima tiene que tener herramientas para hacer valer su voz”, argumentó Juan Manuel Llamosas, legislador provincial. La aprobación del nuevo articulado normativo preservará de forma simultánea la vigencia de los regímenes especiales preexistentes en la provincia de Córdoba. La legislación contempla de manera integrada los casos asociados a violencia de género, violencia familiar y delitos contra la integridad sexual.
Las disposiciones finales exigen una articulación coordinada entre los ministerios públicos y las agencias estatales para agilizar la asistencia profesional inmediata. El sistema judicial cordobés deberá adaptar sus metodologías de intervención siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos. La aprobación de la norma alineará definitivamente los criterios procesales de la jurisdicción mediterránea con las plataformas de protección nacional.
