¿Los agentes de IA que operan con bitcoin tendrán que pagar impuestos?

La convergencia entre la inteligencia artificial (IA) y el ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas ha planteado un dilema que los sistemas tributarios globales no están preparados para resolver.

Mientras figuras como Changpeng Zhao y Brian Armstrong proyectan un futuro donde los agentes de IA realizarán millones de transacciones financieras utilizando BTC y criptomonedas, surge una interrogante fundamental para los gobiernos: ¿cómo se cobran impuestos a una entidad que no tiene existencia física ni identidad legal?

José Antonio Bravo, economista español y asesor fiscal especializado en activos digitales, abordó esta problemática en el episodio 24 del podcast de CriptoNoticias, titulado «Separando el dinero del Estado».

Según Bravo, la fiscalización de estos entes representa uno de los desafíos más profundos de la actualidad, pues operan en una dimensión que escapa a los controles burocráticos tradicionales. La base del problema radica en la naturaleza ontológica de estas entidades.

Bravo señala que, a diferencia de las empresas tradicionales o incluso de los individuos que operan en la red, un agente de IA no es un ser humano que crea una identidad digital para interactuar. Es, en palabras suyas, un «ente que no vive en el mundo físico y que está transaccionando fuera del mundo físico, en el mundo digital. Algo absolutamente digital nativo total».

Esta característica rompe el vínculo necesario para la recaudación de impuestos: la conexión entre la actividad económica y una persona física o jurídica responsable. De ahí que se cuestione la viabilidad de los mecanismos de identificación actuales ante esta nueva realidad.

¿Cómo vas tú a parar un agente que abre su propia wallet con una clave privada y empieza a transaccionar con otros agentes que tienen sus propias wallets con una clave privada? ¿Cómo vas a identificar quién está trabajando con ese agente y quién trabaja con el otro agente?

José Antonio Bravo

La falta de una identidad ligada a procesos de conoce-tu-cliente (KYC) permite que estas entidades operen de forma autónoma, utilizando la moneda digital como su combustible financiero natural.

Para Bravo, intentar aplicar las leyes actuales del mundo físico a este fenómeno digital es un error de base, pues se está tratando de «medir la economía digital con compartimentos o con unidades de medida que son del mundo físico», lo cual calificó como una tarea extremadamente difícil.

No es posible localizar el hecho imponible

Uno de los pilares de la tributación moderna es la residencia fiscal. Sin embargo, en el ecosistema de bitcoin, la deslocalización es la norma. Mientras un agente de IA puede estar alojado en un servidor en Islandia, haber sido programado por un equipo distribuido entre España y Venezuela, y ejecutar transacciones que se liquidan en una dirección de bitcoin sin fronteras, tal como explica Bravo.

Bravo destaca que esta fragmentación hace que sea prácticamente imposible determinar dónde se genera el valor. «Estamos hablando de entes que están en la red, que pueden estar replicados en varios servidores, no necesariamente en uno localizado en un país», explicó.

Esta realidad anula la capacidad de los Estados para aplicar gravámenes basados en el destino o el origen de los fondos. En síntesis, en una transacción entre dos agentes de IA que no están localizados en ningún sitio, la posibilidad de tributación se vuelve nula.

Incluso la idea de sancionar el incumplimiento se convierte en una diatriba logística. Es que, ante una evasión fiscal o una infracción cometida por un agente autónomo, la justicia se enfrentaría a un vacío de responsabilidad.

Sobre la base de esa premisa, Bravo plantea las dudas que surgen en este escenario: «¿Sancionas a la persona que lo creó? ¿Sancionas al desarrollador? ¿Sancionas a donde esté el servidor alojado del modelo de lenguaje? Es muy complicado», subrayó.

La IA se refugia en bitcoin y no en la banca

La adopción de bitcoin por parte de la inteligencia artificial no es solo una preferencia, sino una necesidad técnica.

Como han señalado líderes de la industria como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, los agentes de IA no pueden abrir cuentas bancarias tradicionales porque carecen de personalidad legal.

Tampoco pueden presentarse en una oficina de «mármol«, como menciona Dan Morehead, de Pantera Capital, para entregar un documento de identidad.

Bitcoin, al ser un protocolo sin permisos y de código abierto, permite que un agente de IA gestione una wallet y envíe pagos de manera global e instantánea. Esta ventaja competitiva sitúa a las monedas digitales como la infraestructura financiera por defecto para la economía autónoma, dejando a los bancos centrales y a las agencias tributarias fuera de la ecuación operativa.

Bravo coincide en que este es el gran reto que enfrentan hoy organismos supranacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

«El gravamen de la economía digital va a ser complicadísimo», sentencia el asesor, subrayando que la riqueza digital está aprendiendo a volverse invisible para las herramientas de control del siglo XXI.

El panorama fiscal de Europa es muy variado

Mientras la IA opera en un vacío legal, los inversores humanos deben navegar por un complejo mapa de jurisdicciones. Durante el podcast, Bravo analizó cómo diferentes países europeos están compitiendo para atraer capital mediante incentivos fiscales. Contrasta estas políticas con la situación en España.

Alemania se posiciona como un destino atractivo para los ahorradores a largo plazo, ya que ofrece un 0% de impuestos sobre las ganancias patrimoniales si el activo digital se mantiene por más de un año. Esta medida, según Bravo, sobrevivió a intentos de reforma política porque afectaba a todos los ahorradores del país, no solo a los usuarios de bitcoin.

Por otro lado, Malta exime los rendimientos de capital que no procedan de su territorio, y la República Checa ofrece exenciones similares para activos mantenidos por más de dos años.

Un caso curioso es el de los Países Bajos, donde no se paga por la ganancia obtenida al vender, sino por la tenencia anual. «Se paga por la tenencia a final de año, es una especie de impuesto al patrimonio», explicó Bravo.

En este sistema, se calcula un rendimiento teórico sobre el total de los activos y se aplica un gravamen bajo, lo que beneficia a quienes realizan operaciones frecuentes (trading) pero perjudica ligeramente a los «holders» a largo plazo.

En el contexto de España, Bravo reveló un dato que suele pasar desapercibido: puede resultar más rentable fiscalmente dedicarse exclusivamente al trading de bitcoin que tener un empleo con un salario elevado.

Esto se debe a que las ganancias por inversiones tributan bajo la base del ahorro, con un tope cercano al 30%. Mientras los ingresos por trabajo están sujetos al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), que en tramos altos puede superar el 45% o 50%.

«A mucha gente le conviene más ser trader que estar trabajando», afirmó Bravo, destacando que incluso ganando sumas considerables, la carga impositiva sobre la inversión es más liviana que sobre el esfuerzo laboral.

No obstante, advirtió que en países como Portugal o Alemania, si el trading se convierte en la actividad profesional principal, las autoridades pueden recategorizar esos ingresos y aplicar impuestos mucho más severos.

La conclusión de Bravo es clara: la economía digital, liderada por agentes de IA y Bitcoin, está superando la capacidad de respuesta de los Estados.

El desafío no es únicamente técnico, sino conceptual. En esencia, la humanidad está entrando en una era donde el valor se genera, se transmite y se almacena en un mundo digital que no reconoce fronteras ni identidades físicas. Lo que deja a los sistemas tributarios tradicionales ante la necesidad de reinventarse o aceptar su propia obsolescencia.

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