El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la denominada Directiva de Retorno, una reforma que busca aumentar significativamente las deportaciones de inmigrantes ilegales dentro de la Unión Europea.
La iniciativa recibió 418 votos a favor y 218 en contra, reflejando el creciente consenso dentro del bloque respecto de la necesidad de reforzar los controles migratorios y responder al aumento de la inmigración irregular que afecta a numerosos países europeos.
Tras la votación, varios eurodiputados celebraron la decisión con cánticos de “send them back” (“envíenlos de vuelta”) dentro del recinto parlamentario.
La normativa aún debe ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea para entrar plenamente en vigor.
El objetivo: aumentar las deportaciones que hoy apenas alcanzan el 20%
Uno de los principales argumentos detrás de la reforma es que el sistema actual resulta ineficiente.
Según datos de las autoridades europeas, apenas alrededor del 20% de los inmigrantes cuya solicitud de asilo es rechazada y reciben una orden de expulsión terminan siendo efectivamente deportados.
La nueva regulación pretende corregir esa situación mediante un marco común que permita a los Estados miembros ejecutar con mayor rapidez y eficacia las órdenes de retorno.
Cooperación obligatoria y sanciones para quienes se nieguen a colaborar
Entre los cambios más relevantes figura la obligación de que las personas sujetas a una orden de deportación cooperen activamente con las autoridades migratorias.
Esto incluye la entrega de documentación, información personal y la disponibilidad permanente para los procedimientos administrativos correspondientes.
La negativa a colaborar podrá derivar en sanciones e incluso en la detención del inmigrante, según establece el texto aprobado.
La detención podrá extenderse hasta 30 meses
La reforma también contempla una ampliación significativa de los períodos máximos de detención.
Bajo las nuevas reglas, las autoridades podrán mantener detenidos hasta por 30 meses a los inmigrantes sujetos a procedimientos de expulsión, con el objetivo de garantizar que las deportaciones puedan ejecutarse de manera efectiva.
Los impulsores de la medida sostienen que los plazos actuales resultan insuficientes para completar los trámites necesarios cuando existen dificultades para identificar a los inmigrantes o coordinar su retorno con terceros países.
Las órdenes de deportación tendrán validez en toda la Unión Europea
Otro de los puntos centrales es el reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión.
Una orden de deportación emitida por un Estado miembro podrá ser reconocida y aplicada más fácilmente por el resto de los países de la Unión Europea.
La medida busca impedir que inmigrantes ilegales evadan los procedimientos simplemente trasladándose de un país europeo a otro una vez recibida la orden de salida.
Bruselas habilitará centros de retorno fuera de la Unión Europea
La nueva normativa también permitirá la creación de los llamados “return hubs” o centros de retorno en terceros países.
Estos centros funcionarán mediante acuerdos con naciones no pertenecientes a la Unión Europea y estarán destinados a alojar temporalmente a inmigrantes sujetos a deportación mientras se concreta su regreso definitivo.
Los defensores de la iniciativa sostienen que esta herramienta otorgará mayor flexibilidad a los gobiernos europeos y permitirá acelerar los procesos de expulsión.
Más herramientas para expulsar inmigrantes ilegales y prohibiciones de ingreso de hasta 10 años
La reforma incorpora además procedimientos más rápidos para ejecutar deportaciones forzosas, especialmente en casos de incumplimiento o cuando existan riesgos para la seguridad.
Las autoridades migratorias contarán con nuevas facultades de investigación, registros y recopilación de pruebas, mientras que los inmigrantes considerados una amenaza podrán enfrentar prohibiciones de reingreso de hasta diez años.
La aprobación de la Directiva de Retorno representa uno de los movimientos más contundentes de la Unión Europea en materia migratoria de los últimos años y refleja el creciente endurecimiento de las políticas de control fronterizo impulsadas por numerosos gobiernos del continente.
