La jueza que puso en riesgo a Piegari
El restaurante Piegari, ubicado en La Recova, se encuentra en una situación crítica después de una sentencia laboral que ha congelado todos sus activos y amenaza con cerrar el local. El propietario, Alberto Chinkies, ha expresado su preocupación por la desproporción del fallo, que podría llevar al emblemático restaurante al borde de la quiebra. El economista Martín Tetaz ha calificado la decisión como un “fallo Matusalén”, cuestionando la forma en que la jueza multiplicó la indemnización más allá de lo razonable.
Factores que inflaron la sentencia
Según Tetaz, la jueza aplicó tres factores que aumentaron la condena de manera significativa, dos de los cuales ya no están en vigencia y el tercero podría ser revisado en una instancia de apelación. La jueza ignoró los cambios normativos recientes y adoptó un criterio que no se ajusta al marco legal actual.
La polémica sobre las penalidades derogadas y errores de procedimiento aplicados en el cálculo
El primer factor que infló la sentencia fue la doble indemnización, una penalidad que ya no está en vigor pero que se aplicó debido a que el hecho ocurrió cuando aún estaba vigente. El segundo componente fue una multa del 50% establecida en la Ley 25.323, también derogada, pero que se incluyó en el cálculo final.
El tercer factor, y el más cuestionado, fue la decisión de la jueza de incluir las propinas como parte del salario indemnizatorio. A pesar de que el Convenio Colectivo del sector establece que las propinas no deben considerarse salario, la jueza las tomó en cuenta para calcular la indemnización.
Indemnización récord y riesgo de cierre
El resultado final fue una sentencia que, según Tetaz, rompe todos los parámetros. Los 26 años de trabajo del empleado se tradujeron en una condena equivalente a 80 salarios, cuando lo habitual serían 26. Si solo se considerara el salario sin propinas, la indemnización ascendería al equivalente de 163 salarios, lo que ha generado preocupación por el futuro de Piegari.
Chinkies ha señalado que el restaurante no puede hacer frente a un monto tan elevado y que el embargo de los activos ya ha afectado el funcionamiento normal del local. Ahora, la atención se centra en las instancias superiores, que deberán revisar un fallo que, según expertos y empresarios, se aparta del marco legal vigente y pone en riesgo la continuidad de uno de los restaurantes más emblemáticos del país.
