Introducción
El proyecto de reforma laboral que el Gobierno ha presentado al Senado, y que comenzará a debatirse el 10 de febrero de 2026, busca modificar de manera significativa las reglas de contratación de empleados en Argentina. El objetivo declarado es flexibilizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y promover una mayor formalización del trabajo. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un intenso debate entre los sindicatos.
Propuestas de la Reforma Laboral 2026
Una de las propuestas más discutidas del proyecto es la limitación de la presunción del vínculo laboral. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) considera que si un trabajador presta servicios recurrentes, existe una relación de empleo, salvo prueba en contrario. El nuevo proyecto limita esta presunción en casos específicos, como contrataciones de obra, servicios profesionales u oficios en los que se emiten facturas o recibos, o se paga por sistemas bancarios. Esta medida podría proporcionar mayor seguridad jurídica a los empleadores y permitir formas de contratación más flexibles sin la obligación automática de acogerse al régimen general de la LCT.
Otra propuesta importante es la ampliación del período de prueba para nuevos contratos. Según el proyecto, el período durante el cual un empleador puede evaluar a un trabajador sin los mismos costos de despido se extendería hasta seis meses, con la posibilidad de prolongarse más tiempo por convenio colectivo según el tamaño de la empresa. Esta medida busca permitir a las empresas ajustar su plantilla con menos incertidumbre inicial, aunque también genera preocupación entre los sindicatos por la potencial precarización de la relación laboral.
Responsabilidad Solidaria y Formalización del Empleo
El proyecto también contempla ajustes en la figura de la responsabilidad solidaria. Actualmente, cuando una empresa contrata a otra para prestar servicios, suele responder de forma compartida por las obligaciones laborales de esa contratista. La reforma propone reducir este alcance, estableciendo que la solidaridad solo existirá si se demuestra una maniobra fraudulenta o negligente que deje sin pago a los trabajadores. Esto podría permitir a las grandes empresas reducir su exposición legal en tercerizaciones, incentivando así la contratación formal.
Además, el proyecto incorpora cambios relacionados con modalidades contractuales más modernas, reconociendo la posibilidad de organizar distintas formas de prestación de servicios, incluyendo aspectos ligados a la economía digital o a trabajadores independientes, siempre que queden claramente definidos en el contrato y no existan pagos irregulares disfrazados de relaciones sin dependencia.
Debate en Torno a la Propuesta
Los defensores del proyecto sostienen que estos cambios proporcionarán mayor certeza legal a los empleadores y permitirán que más empresas contraten personal formalmente, reduciendo la informalidad que afecta a una proporción significativa del mercado laboral. Sin embargo, sindicatos y organizaciones de trabajadores han expresado su preocupación por el riesgo de precarización de las relaciones laborales y la erosión de derechos históricos.
Conclusión
En resumen, la reforma laboral plantea un nuevo marco para la contratación de empleados en Argentina, con reglas más claras sobre la existencia de la relación laboral, períodos de prueba extendidos, menor responsabilidad solidaria en tercerizaciones y una mayor variedad de modalidades contractuales. El objetivo oficial es estimular la formalización y la creación de puestos con menos trabas legales, aunque el impacto final dependerá de cómo se sancione y aplique la norma en el Congreso y en la práctica cotidiana de las empresas y trabajadores.
