El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma laboral con el objetivo de modernizar el marco normativo del trabajo, con el fin de reducir la litigiosidad y proporcionar mayor seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
## Impacto en las PyMEs
La reforma laboral se centra principalmente en las PyMEs, que enfrentan costosos juicios y un creciente número de reclamos laborales. Actualmente, en Argentina hay más de 637.000 expedientes laborales activos, de los cuales aproximadamente 308.000 son por riesgos del trabajo y 329.000 por despidos. Durante el año 2025, se iniciaron más de 122.000 demandas en el sistema de riesgos laborales, marcando un récord histórico según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Esto implica que alrededor del 10% de los trabajadores registrados podrían estar involucrados en algún proceso judicial.
## Cambios para los trabajadores en relación de dependencia
El proyecto de reforma laboral establece que la indemnización por despido sin justa causa será total y cancelatoria, evitando nuevos reclamos una vez que se haya abonado. Además, la base de cálculo no incluirá conceptos no mensuales como vacaciones, aguinaldo o premios extraordinarios.
En cuanto a los créditos laborales, se prevé una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, eliminando la capitalización de intereses. Para las PyMEs, se contempla la posibilidad de pagar sentencias en hasta 12 cuotas bajo control judicial, con el objetivo de brindar previsibilidad financiera.
El proyecto también introduce cambios procesales significativos, como la obligación de presentar pruebas al inicio del juicio, sin plazos posteriores; los avances de los expedientes estarán a cargo de las partes, sin impulso de oficio del juez; y se establece la caducidad de la instancia si no hay actividad del trabajador durante seis meses.
Además, los conflictos laborales con el Estado serán tratados en el fuero contencioso administrativo y se establecerán criterios obligatorios de la Corte Suprema para los jueces laborales, con sanciones en caso de incumplimiento.
## Riesgos del trabajo, autónomos y nuevos fondos
En relación a los riesgos del trabajo, la reforma establece un plazo de 90 días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones que adhieran. Los honorarios de los peritos dejarán de calcularse en función del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad, pasando a un esquema de tarifa fija.
Respecto a los prestadores de servicios, el proyecto redefine su encuadre como trabajadores autónomos, con el objetivo de reducir la litigiosidad relacionada con reclamos por relación de dependencia. El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) se mantendrá como instancia previa al acceso a los tribunales.
Se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con un aporte equivalente al 3% de las remuneraciones de los empleados, calculado sobre la misma base que las contribuciones patronales. Este fondo tiene como objetivo garantizar el pago de indemnizaciones y reducir la cantidad de juicios laborales.
## Conclusion
La reforma laboral propuesta busca brindar mayor previsibilidad a los empleadores, especialmente a las PyMEs, y limitar la discrecionalidad judicial. Sin embargo, algunos puntos podrían generar debates, como la imposibilidad de litigar después del pago de la indemnización y el esquema de actualización de los créditos laborales. En caso de ser aprobada, esta reforma modificará significativamente la relación entre empleados y empleadores, presentando desafíos en su implementación práctica y judicial.
