Introducción
El gobierno de Javier Milei tiene como objetivo aprobar el proyecto de reforma laboral en el Senado durante la segunda semana de febrero. Aunque el texto no se dirige explícitamente a los empleados públicos, hay al menos cuatro puntos que pueden afectar indirectamente a algunos de ellos. Esto ha comenzado a generar tensión con la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).
El sindicato y la reforma laboral
El sindicato liderado por Rodolfo Aguiar considera que la reforma sí afecta al sector público, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en sentido contrario. Argumentan que hay organismos donde se aplica total o parcialmente la Ley Contrato de Trabajo (LCT) que modifica el proyecto de Milei. Entre estos organismos se incluyen PAMI, ANSES, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, hospitales públicos como el Garrahan y empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina.
En este contexto, el clima en el sector público presenta ciertas tensiones. El Gobierno ha otorgado un aumento del 2% para los trabajadores cubiertos por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), además de una suma fija de $50.000 correspondiente a diciembre. La Unión del Personal Civil (UPCN) ha respaldado esta medida, pero ATE ha expresado su rechazo y está organizando una reunión para definir medidas contra el proyecto de “modernización laboral”.
Los puntos de conflicto
El conflicto se centra en los puntos de la iniciativa sobre “modernización laboral” que podrían afectar a los empleados de algunas áreas del sector público, aunque sea de forma indirecta. Los cuatro temas principales son la limitación del derecho a huelga en los “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”, el fin de los descuentos por aportes sindicales de forma automática, la figura del “salario dinámico” y el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo (CCT).
La postura del Gobierno
A pesar de que estos puntos del proyecto de “modernización laboral” podrían afectar a los empleados de empresas públicas o sectores específicos regidos por la LCT, el Gobierno asegura que el proyecto no afectará a los trabajadores estatales. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ha enfatizado que la iniciativa “no alcanza a los empleados estatales” porque “en principio es solo para el sector privado”.
Los objetivos centrales del gobierno de Milei para el proyecto de “modernización laboral” son terminar con la llamada “industria del juicio”, aumentar el empleo registrado y renegociar los convenios colectivos de trabajo que no hayan tenido cambio alguno en 30 años o más.
Conclusión
El debate sobre la reforma laboral que propone Javier Milei se intensifica a medida que se acerca su fecha de tratamiento en el Senado. Toca numerosos aspectos de la vida laboral en general y, en el caso de los empleados públicos, ATE sostiene que varios se verán afectados a pesar de las negaciones del Gobierno. Por ello, plantea un rechazo total al proyecto.
