El Congreso de Bolivia aprobó este martes una medida clave que fortalece al presidente Rodrigo Paz frente a la ola de protestas y bloqueos que paraliza gran parte del país desde hace más de tres semanas.
Con una mayoría superior a los dos tercios, la Cámara de Diputados eliminó la ley sancionada en 2020 que restringía la capacidad presidencial de aplicar estados de excepción y limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La medida, que ya había sido aprobada previamente por el Senado, deja ahora a Paz con el camino despejado para decretar el estado de excepción y desplegar militares con mayor amplitud para garantizar el abastecimiento y recuperar las rutas bloqueadas.
Rodrigo Paz suma respaldo institucional frente a la crisis
La decisión del Congreso representa un fuerte respaldo político para el gobierno boliviano en medio de una escalada impulsada por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos vinculados al expresidente Evo Morales.
Las protestas mantienen prácticamente cercadas a La Paz y El Alto, mientras decenas de rutas estratégicas continúan bloqueadas, afectando el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y mercancías hacia distintas regiones del país.
“Queda sancionada la presente ley”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate.
Según legisladores oficialistas, la normativa anterior impedía actuar con rapidez frente a situaciones extremas que ponen en riesgo la estabilidad institucional y el funcionamiento básico del país.
Los bloqueos generan desabastecimiento y tensión social
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó este martes al menos 61 cortes de rutas en seis departamentos, especialmente en La Paz, Oruro y Cochabamba.
Miles de camiones permanecen varados desde hace semanas, incluidos corredores internacionales clave hacia los puertos de Chile y Perú.
La situación ya provocó severos problemas de abastecimiento y fuertes tensiones económicas.
Además, las autoridades confirmaron la muerte de al menos cuatro personas vinculadas indirectamente a los bloqueos, entre ellas un niño de 12 años que no pudo recibir atención médica a tiempo debido al cierre de rutas.
Evo Morales y sectores radicalizados presionan contra el Gobierno
El gobierno de Rodrigo Paz acusa a sectores ligados al pedófilo de Evo Morales y grupos radicalizados de intentar desestabilizar la democracia boliviana apenas seis meses después de la llegada del nuevo presidente al poder.
Las protestas comenzaron con reclamos salariales y sindicales, pero rápidamente derivaron en pedidos de renuncia contra el mandatario.
Desde el oficialismo sostienen que detrás de los bloqueos existen intereses políticos y económicos que buscan impedir el giro económico impulsado por Paz y frenar el proceso de apertura y modernización del país.
Las Fuerzas Armadas podrían intervenir en las rutas
La eliminación de las restricciones legales permitirá ahora una participación más amplia de las Fuerzas Armadas para despejar rutas, proteger corredores logísticos y garantizar el abastecimiento.
Hasta ahora, la normativa obligaba a que los militares solo pudieran intervenir cuando la Policía hubiera sido completamente superada.
El gobierno considera que la situación actual ya afecta gravemente la seguridad nacional y el funcionamiento institucional.
La administración Paz apuesta a recuperar el control territorial mientras intenta sostener canales de diálogo con algunos sectores sociales para evitar una escalada mayor de violencia.
Mientras tanto, Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años, en un escenario marcado por el choque entre el nuevo modelo impulsado por Rodrigo Paz y los sectores ligados al viejo aparato político del Movimiento al Socialismo.
