El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, responsabilizó a “políticos conspiradores” por la crisis que mantuvo paralizado al país durante más de 50 días debido a bloqueos de carreteras y protestas que afectaron el abastecimiento, el transporte y la actividad económica.
Las declaraciones fueron realizadas durante la clausura de un curso militar especializado en la ciudad de Tarija, en un contexto en el que la Fiscalía avanza con investigaciones contra dirigentes vinculados a las movilizaciones.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que Bolivia fue “atacada por ideología y por políticos conspiradores” que, según afirmó, priorizaron sus intereses antes que el bienestar del país. Paz aseguró que la normalización de la situación fue posible gracias al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía y las autoridades civiles, además de la implementación del estado de excepción decretado el 20 de junio para despejar las principales rutas nacionales.
El jefe de Estado destacó que la intervención de las fuerzas de seguridad permitió recuperar la circulación en las carreteras sin que se produjera un enfrentamiento generalizado. También sostuvo que el diálogo con distintos sectores sociales contribuyó a poner fin a una crisis que había provocado importantes pérdidas económicas y severos problemas de abastecimiento en varias regiones del país.
Las protestas comenzaron a mediados de mayo impulsadas por organizaciones sindicales y sectores afines al ex presidente Evo Morales, que exigían la renuncia de Rodrigo Paz y cuestionaban diversas medidas adoptadas por su administración. Durante las semanas de conflicto se registraron decenas de bloqueos de rutas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un fuerte impacto sobre el comercio, el transporte de mercancías y las exportaciones bolivianas.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado aceptó investigar una denuncia penal presentada contra Evo Morales y otros dirigentes sindicales por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante los bloqueos. Las autoridades también mantienen abiertas causas contra más de 300 personas por delitos relacionados con la interrupción de vías de comunicación, daños a bienes públicos y otros episodios registrados durante las movilizaciones.
Tras el levantamiento de la mayoría de los cortes de ruta, el Gobierno busca consolidar el retorno a la normalidad y avanzar con una agenda de recuperación económica.
