El Parlamento de Turquía aprobó este lunes una ley que establece un marco jurídico para facilitar la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), dando un paso decisivo hacia el posible cierre de un conflicto armado que se extiende desde hace más de cuatro décadas y que dejó más de 40.000 muertos.
La legislación contempla protecciones legales para antiguos miembros del PKK que no hayan cometido delitos específicos y permite suspender las penas de prisión de algunas personas condenadas por pertenecer a la organización. El objetivo es facilitar su desarme, reintegración a la sociedad y transición hacia una vida fuera de las estructuras del grupo armado.
La iniciativa fue aprobada por 468 votos de los 600 escaños del Parlamento y contó con el respaldo del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Party), sus aliados nacionalistas del MHP y el partido pro-kurdo DEM. La amplia mayoría parlamentaria refleja el respaldo político que ha conseguido el proceso de desmantelamiento del PKK, aunque todavía existen importantes cuestiones pendientes.
El PKK está considerado una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. El grupo inició su insurgencia armada contra el Estado turco en 1984, en un conflicto que provocó decenas de miles de muertes y tuvo un fuerte impacto económico y social, especialmente en el sureste del país, de mayoría kurda.
La nueva ley constituye el paso más concreto adoptado por Ankara desde que Abdullah Öcalan, líder histórico del PKK encarcelado, pidió al grupo en febrero de 2025 que depusiera las armas y se disolviera. Meses después, en mayo de ese año, el PKK anunció el fin de su lucha armada y su disolución como organización.
Dos meses más tarde, un grupo de militantes protagonizó una ceremonia simbólica en el norte de Irak en la que quemaron sus armas, una señal destinada a demostrar el compromiso con el proceso de desarme.
La legislación aprobada ahora busca responder a una de las principales incógnitas del proceso: qué ocurrirá con los miles de integrantes del PKK mientras la organización abandona sus estructuras militares y políticas.
El camino hacia el acuerdo comenzó públicamente en octubre de 2024, cuando Devlet Bahçeli, líder del nacionalista MHP y durante años uno de los principales defensores de una postura dura frente a la militancia kurda, sorprendió al sugerir que Öcalan podría comparecer ante el Parlamento para anunciar la disolución del grupo.
Posteriormente, en agosto de 2025, se creó una comisión parlamentaria que escuchó a políticos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores antes de recomendar una legislación destinada a gestionar el desarme y la reintegración de los antiguos combatientes.
Sin embargo, la nueva norma no resuelve todos los problemas vinculados con la cuestión kurda. Entre los asuntos pendientes se encuentran las demandas de mayores derechos políticos y culturales para la población kurda, posibles modificaciones de las leyes antiterroristas y el futuro de Öcalan, quien permanece encarcelado en la isla de İmralı desde 1999.
El gobierno turco presenta el proceso como parte de su objetivo de construir una ”Turquía libre de terrorismo”, mientras que los políticos kurdos sostienen que la paz solo podrá consolidarse mediante reformas democráticas y jurídicas más amplias.
La aprobación de la ley representa un cambio significativo después de décadas de enfrentamiento entre el Estado turco y el PKK. Ahora, el desafío será garantizar que el desarme y la reintegración se desarrollen de manera efectiva y que el proceso desemboque en una solución política duradera para una de las disputas más prolongadas de la historia reciente de Turquía.
