El canciller Pablo Quirno publicó un extenso artículo en el que desarrolló los fundamentos históricos, jurídicos y diplomáticos que respaldan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El funcionario destacó que la cuestión continúa plenamente vigente en la agenda internacional, luego de que la Organización de los Estados Americanos, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y los países del Mercosur volvieran a reclamar que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones.
“Cada nuevo pronunciamiento confirma que la cuestión Malvinas permanece abierta y vigente”, sostuvo Quirno, quien afirmó que el reclamo trasciende las conmemoraciones del 2 de abril y el 10 de junio. “Malvinas es una causa de todos los días”, remarcó.
El canciller explicó que los derechos argentinos se apoyan en una sólida continuidad histórica. Tras la independencia, la Argentina heredó los títulos de España, ejerció actos efectivos de autoridad sobre las islas, tomó posesión formal en 1820 y creó la Comandancia Política y Militar en 1829.
Esa presencia fue interrumpida en 1833, cuando el Reino Unido ocupó las islas mediante la fuerza, expulsó a las autoridades argentinas y procedió a poblar el territorio con sus propios colonos. La Argentina nunca reconoció esa ocupación y mantuvo desde entonces una protesta permanente, pacífica y fundada en el derecho internacional.
“El tiempo no convierte una ocupación ilegítima en soberanía”, afirmó Quirno, al rechazar la posición británica y recordar que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente en 1965 la existencia de una disputa de soberanía.
La resolución estableció que el conflicto debe solucionarse mediante negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Incluso después de la guerra de 1982, la ONU volvió a exigir la reanudación del diálogo, demostrando que el enfrentamiento armado no modificó la naturaleza jurídica de la controversia.
Quirno también rechazó que el principio de libre determinación pueda aplicarse en este caso. Según explicó, Malvinas constituye una situación colonial especial, originada por el quebrantamiento de la integridad territorial argentina y por la posterior implantación de población británica.
“No debemos caer en la trampa del referéndum”, advirtió el canciller. En ese sentido, aclaró que ningún plebiscito organizado unilateralmente por el Reino Unido sobre los ocupantes puede resolver una disputa cuya negociación corresponde exclusivamente a ambos Estados.
El funcionario recordó, además, que la Constitución nacional obliga a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de los habitantes de las islas. Sin embargo, diferenció ese compromiso de la pretensión británica de que la población implantada pueda decidir sobre la titularidad del territorio.
Quirno también cuestionó la explotación unilateral de recursos naturales y la fuerte presencia militar británica en el Atlántico Sur. Señaló que en las islas viven alrededor de 3.000 personas, mientras permanecen desplegados aproximadamente 1.200 efectivos, una proporción que expone el valor estratégico del enclave para Londres.
Finalmente, reafirmó la política impulsada por el presidente Javier Milei, basada en sostener el reclamo mediante una diplomacia firme, pacífica y persistente. “Nuestro reclamo no prescribe, no se resigna y no se abandona”, aseguró.
“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”, concluyó el canciller.
