El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva desregulación de la cadena láctea al eliminar trámites redundantes y actualizar las normas técnicas para facilitar la comercialización de productos argentinos dentro del Mercosur. Las medidas alcanzan a más de 460 empresas y buscan reducir costos administrativos, ofrecer reglas más previsibles y mejorar las condiciones para exportar.
Uno de los principales cambios fue la eliminación definitiva de los operadores lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), un registro que comprendía a usinas, cooperativas, industrias, depósitos y comercializadores. Al momento de disponerse su supresión, existían 468 operadores inscriptos que debían destinar recursos a cumplir con una obligación administrativa inútil como mecanismo de control.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca calificaron al trámite como una carga inconducente y carente de utilidad para la fiscalización comercial. El sistema acumulaba información, pero no contaba con un régimen sancionatorio específico ni con herramientas legales suficientes para intervenir frente a posibles irregularidades.
El esquema había sido creado en 2006 con la intención de incorporar a la lechería a un modelo de supervisión similar al existente en las cadenas de carnes y granos. Sin embargo, durante casi dos décadas sus funciones comenzaron a superponerse con las tareas de la ARCA, el SENASA, los organismos provinciales de recaudación y las distintas autoridades encargadas del control alimentario.
En la práctica, el registro terminó convirtiéndose en otro engranaje de la burocracia argentina, obligando al sector privado a incurrir en costos sin ningún tipo de criterio. Según representantes de la actividad productiva, apenas se habrían impulsado unas pocas sanciones durante toda su vigencia, las cuales fueron apeladas y nunca llegaron a cobrarse.
Paralelamente, el Ejecutivo actualizó el Código Alimentario Argentino mediante la Resolución Conjunta 7/2026, que armonizó la normativa de la leche UHT (conocida como leche larga vida) con los criterios técnicos vigentes en Brasil y el resto de los países del Mercosur.
La modificación no altera las condiciones de producción ni rebaja los controles de calidad e inocuidad. Por el contrario, adapta las definiciones y la terminología nacional a los parámetros regionales que la industria argentina ya cumplía, eliminando posibles duplicaciones regulatorias y aportando mayor seguridad jurídica al intercambio comercial.
La estrategia oficial apunta a reemplazar los controles burocráticos y presenciales por herramientas digitales, como el remito electrónico entre los tambos y las industrias. Con estás medidas, el Gobierno de Javier Milei vuelve a dejar en claro su objetivo: que el Estado deje de ser un obstaculo para quienes producen.
