En un abierto contraste con la política de austeridad, déficit cero y fin definitivo de la pauta oficial promovida por el Presidente Javier Milei, la administración kirchnerista de Axel Kicillof decidió destinar al Ministerio de Comunicación Pública la exorbitante suma de $59.337.766.000. Este desembolso multimillonario no responde a una necesidad informativa, sino a un mecanismo sistemático de financiamiento público orientado a garantizar que los medios de comunicación beneficiados oculten de forma deliberada las maniobras de desvío de fondos y la falta de transparencia de la gestión provincial.
Con la sanción de la Ley N° 15.557 —promulgada el 15 de diciembre de 2025 mediante el Decreto N° 2944/2025—, la Provincia de Buenos Aires institucionalizó un severo descalabro financiero. En oposición al ordenamiento fiscal que lidera el Gobierno Nacional, la norma fija las erogaciones en la astronómica cifra de $43.021.244.867.935 frente a un cálculo de recursos de apenas $41.484.520.658.935, lo que genera un déficit fiscal o necesidad de financiamiento de $1.536.724.209.000.
Para cubrir la brecha presupuestaria, el Ejecutivo apela a fuentes financieras por $3.968.701.077.000 (compuestas por $2.733.844.000 de disminución de la inversión financiera y $3.965.967.233.000 de endeudamiento público e incremento de otros pasivos), mientras que las aplicaciones financieras ascienden a $2.431.976.868.000 ($21.989.915.000 para inversión financiera y $2.409.986.953.000 destinados a la amortización de deuda). Además, bajo el pretexto del artículo 1°, se decreta la emergencia económica hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que el artículo 3° suspende las reglas de responsabilidad fiscal de la Ley N° 13.295, liberando los frenos al gasto descontrolado.
Silenciado por la red de prensa subvencionada, el articulado de la ley esconde serias trampas de discrecionalidad:
El Polémico Artículo 41: Establece que las sumas transferidas como subsidios a municipios no ejecutadas al 31/12/2025 “podrán ser dispuestas por ellos y no recae a su respecto deber de devolución, sin que esto genere responsabilidad en los funcionarios actuantes”. Esto legaliza un canal para que los intendentes retengan y utilicen fondos públicos de manera discrecional y sin rendición de cuentas.
Cajas Chicas y Exenciones (Arts. 17 y 35-39): El artículo 17° asigna $200.000 mensuales a consejeros del Consejo de la Magistratura para Gastos Funcionales “sin sujeción a las disposiciones inherentes al régimen de contrataciones y rendición de cuentas”. A su vez, los artículos 35° al 39° facultan al Tribunal de Cuentas a eximir de sanciones a funcionarios municipales por desvío de fondos afectados o excesos de gasto.
Flexibilización y Topes (Arts. 24, 28, 34, 40 y 42): El artículo 24° fija un límite formal del 7 % para modificaciones presupuestarias saturado de excepciones; el artículo 28° limita gastos en inmuebles cedidos a $1.747.370 y alquilados a $2.589.852; el artículo 34° fija el techo de ARBA en $191.354.759.000; el artículo 40° reglamenta el 16,14 % del fondo educativo; y el artículo 42° convalida excesos salariales de 2025, fijando en el artículo 13° una plantilla de 16.058 cargos permanentes y 1.889 temporarios en organismos descentralizados.
El presupuesto sostiene cuantiosas partidas para la burocracia estatal: Gobernación ($195.123.347.000, incluyendo Secretaría General con $105.562.575.000, Coordinación Gobernador con $6.421.569.000 y Jefatura de Asesores con $83.139.203.000); Ministerio de Salud ($3.047.132.681.000); Ministerio de Seguridad ($3.293.327.703.000); Educación ($10.661.740.158.000); IOMA ($2.422.114.040.000); Lotería y Casinos ($1.767.670.943.000); Banco Provincia ($1.612.616.718.841); Ministerio de Gobierno ($76.628.361.000); Ministerio de Mujeres ($21.660.303.000); Ministerio de Ambiente ($44.664.509.000); e Instituto Cultural ($87.014.290.000).
Asimismo, se autorizan $1.000.000.000 para la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras (Art. 109), $30.000.000.000 adicionales para la justicia (Art. 110) y 500 cargos nuevos en el Poder Judicial (Art. 111).
La iniciativa se originó en el Mensaje N° 4497 del 4 de noviembre de 2025 y fue avalada por las autoridades legislativas Alexis Raúl Guerrera, Veronica Magario, Gervasio Bozzano y Miguel Angel Bampini, con registro del Lic. Facundo E. Aravena. Finalmente, el Gobernador Axel Kicillof promulgó la ley vía Decreto N° 2944/2025 junto a sus ministros Pablo Julio López y Carlos Alberto Bianco, observando únicamente el artículo 94 relativo a obras públicas.
Lejos de informar con objetividad a la ciudadanía, la prensa pautada silencia el verdadero destino de los recursos presupuestarios bonaerenses. La propaganda estatal se convirtió así en el pilar fundamental del kirchnerismo para sostener sus ambiciones electorales, alimentar a las estructuras territoriales del Conurbano y garantizar recursos discrecionales para sus intendentes aliados, todo financiado a costa del esfuerzo de los contribuyentes.
