El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso para consolidar su control político sobre Nicaragua con una reforma constitucional que restringe la participación de opositores en elecciones y extiende de seis a siete años los períodos de los principales cargos públicos. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y ahora deberá superar una segunda votación para entrar en vigor.
La reforma establece que no podrán postularse a cargos de elección popular quienes sean considerados por el régimen como ”golpistas” o ”traidores a la patria”, además de opositores exiliados que hayan solicitado una intervención militar de Estados Unidos, respaldado sanciones internacionales o participado, según las autoridades, en acciones que afecten la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua.
La disposición ha generado fuertes críticas debido a que deja en manos del gobierno la definición de quién puede ser excluido de la competencia electoral. Esta facultad podría además, utilizarse para impedir el regreso de dirigentes opositores exiliados y bloquear la participación de sectores críticos del oficialismo en futuros comicios.
El proyecto también amplía de seis a siete años los períodos de los co-presidentes y otros funcionarios elegidos mediante el voto popular. La misma extensión se aplicaría a los mandatos de los jefes del Ejército y la Policía, dos instituciones fundamentales dentro de la estructura de poder nicaragüense.
La iniciativa fue presentada por Gustavo Porras, líder parlamentario del FSLN. Porras defendió la reforma en nombre de la soberanía nacional y acusó a sectores opositores de buscar apoyo extranjero contra el gobierno.
La reforma todavía no entrará inmediatamente en vigor. La Constitución nicaragüense exige que este tipo de modificaciones sean aprobadas durante dos legislaturas diferentes. Por ese motivo, el texto deberá ser ratificado en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.
El cambio se suma a otras modificaciones constitucionales impulsadas por los comunistas Ortega y Murillo en los últimos años. En 2024, el oficialismo extendió el período presidencial de cinco a seis años y otorgó a Murillo, entonces vicepresidente, el cargo de co-presidente. También se postergaron hasta finales de 2027 las elecciones que inicialmente estaban previstas para finales de 2026.
La nueva reforma llega pocas semanas después de que Ortega declarara públicamente que ”no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición ”atrape el gobierno”. Las declaraciones provocaron una reacción internacional y aumentaron las preocupaciones sobre el futuro de la democracia nicaragüense.
La Organización de los Estados Americanos convocó una reunión urgente de cancilleres para analizar la situación. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos expresaron rechazo o preocupación por las acciones del gobierno de Managua.
Washington pidió a la comunidad internacional aumentar el aislamiento del régimen nicaragüense, mientras Panamá retiró a su embajador de Managua. Otros gobiernos de la región también calificaron las declaraciones de Ortega como una nueva señal del deterioro institucional y democrático del país.
Con la eventual ratificación de la reforma, Ortega y Murillo tendrían nuevas herramientas constitucionales para controlar quién puede competir por cargos públicos y prolongar los períodos de las autoridades. El proceso vuelve a colocar a Nicaragua ante una fuerte disputa internacional sobre democracia, derechos políticos y concentración del poder.
