Sin embargo, lejos de aceptar la resolución, la administración de Kicillof recurrió a la Justicia para defender los incrementos, utilizando argumentos similares a los presentados por las cuatro distribuidoras eléctricas. La Fiscalía de Estado sostuvo que mantener las tarifas anteriores podía comprometer la sustentabilidad económica de las empresas, afectar las inversiones y poner en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.
También advirtió sobre las dificultades técnicas de combinar componentes tarifarios provinciales anteriores con precios mayoristas actualizados. La Cámara consideró que esos argumentos permitían advertir preliminarmente una posible afectación del interés público y resolvió suspender los efectos de la cautelar.
Los bonaerenses volverán a pagar los aumentos mientras continúa el juicio
El conflicto tiene como antecedente la falta de audiencias públicas para discutir las actualizaciones tarifarias. En septiembre, el juez López Cóppola había cuestionado que la Provincia continuara aplicando incrementos mediante un esquema transitorio sin convocar nuevamente a los usuarios. La última audiencia pública vinculada con la revisión integral de tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
La nueva resolución judicial modifica provisionalmente ese escenario y permite restablecer los aumentos impulsados por el Gobierno bonaerense. Así, Kicillof consiguió sostener su política de tarifazos mediante una apelación judicial, pese al reclamo de la propia Defensoría del Pueblo provincial.
