En 2023, Preska aceptó ese planteo y condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 16.100 millones, entre daños e intereses. El litigio, financiado en parte por Burford Capital, expuso al país a una obligación multimillonaria y abrió la posibilidad de ejecutar activos argentinos en el exterior.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió esa decisión en marzo de 2026, al considerar que los reclamos contractuales no podían prosperar bajo el derecho argentino en los términos establecidos por la jueza.
Un triunfo judicial para Argentina y el Gobierno de Milei
La nueva resolución de Preska constituye la formalización de aquel resultado favorable, que elimina la condena multimillonaria que enfrentaba el Estado argentino y mantiene firme el rechazo de los reclamos contra YPF.
El resultado también representa un alivio para la administración de Milei, que debió afrontar las consecuencias judiciales de una expropiación realizada más de una década antes de su llegada a la Casa Rosada.
No obstante, los demandantes todavía intentan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Por ese motivo, el expediente quedó cerrado ante Preska, aunque todavía existe una vía extraordinaria de revisión judicial.
