Desde el punto de vista normativo, el sistema jurídico argentino no contempla una cuarta instancia judicial tras el fallo firme de la Corte Suprema de Justicia, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU carece de potestad para revocar sentencias del Poder Judicial, limitándose únicamente a emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo.
Frente al cerrojo institucional y acorralada por los futuros juicios orales en las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces —cuyas eventuales penas se acumularán a la condena actual—, la condenada desplegó una desesperada gira diplomática enviando a Washington a la comitiva kirchnerista “Cristina Libre”.
La delegación —integrada por los diputados Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza— intentó sin éxito buscar respaldo en los congresistas Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. De este modo, la negativa de la ONU a tratar su caso liquida su estrategia de presionar en la interna contra el gobernador Axel Kicillof y destruye su capacidad de negociación en el armado de listas de la oferta electoral opositora rumbo a 2027.
