El Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana informó que un total de 484 efectivos policiales fueron separados de la Policía de Córdoba mediante cesantías o destituciones desde la implementación del nuevo sistema de fiscalización. La entidad de supervisión confirmó la aplicación de 92 resoluciones sancionatorias durante el transcurso de 2026, señalando a las irregularidades por corrupción como la causa determinante de las medidas administrativas. Asimismo, el informe oficial detalla que otros 700 uniformados permanecen bajo procesos disciplinarios o con suspensiones preventivas mientras continúan las investigaciones internas.
Del conjunto de 92 expedientes resueltos en el transcurso de 2026 por las autoridades de control, 29 casos correspondieron de forma directa a ilícitos de corrupción administrativa dentro de la fuerza provincial. El listado de fundamentaciones ubica en segundo orden a las faltas por mal desempeño en las tareas operativas con 27 expedientes tramitados, mientras que 19 actuaciones corresponden a hechos de violencia familiar y de género. La totalidad de las determinaciones emitidas por la entidad sancionatoria incluye además investigaciones por episodios de violencia institucional e inconductas fuera de servicio.
En el marco de las actuaciones vigentes, los agentes sometidos a sumarios administrativos deben efectuar la entrega formal de su arma reglamentaria y quedan inhabilitados para realizar servicios adicionales. El marco normativo establece diferencias entre las sanciones, permitiendo la cesantía el reingreso a otras dependencias estatales, mientras que la destitución implica una inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Adicionalmente, todo el personal exonerado pierde de manera automática el acceso al régimen previsional especial de la fuerza y pasa a realizar sus aportes en el sistema general.
Expedientes en trámite y desglose de suspensiones
El universo de 700 efectivos que continúan alcanzados por medidas preventivas se compone de 166 agentes colocados en situación pasiva, quienes perciben únicamente el 30% de su haber mensual de remuneración. Asimismo, la nómina oficial registra a 150 policías suspendidos de forma directa sin goce de sueldo, junto a un grupo de 227 uniformados que mantienen la suspensión percibiendo la totalidad de sus ingresos. Por último, un total de 157 casos de agentes sometidos a revisiones disciplinarias todavía se tramitan bajo los procedimientos pertenecientes al antiguo Tribunal de Conducta.
Las cifras suministradas por la autoridad de control reflejan el avance de los sumarios iniciados por irregularidades graves en el ejercicio de las funciones de seguridad pública. Los procesos de fiscalización abarcan tanto las faltas cometidas durante la prestación de servicios ordinarios como aquellos sucesos registrados en la vida privada que vulneran los marcos éticos exigidos. De esta forma, las resoluciones firmes emitidas por el organismo buscan determinar la responsabilidad administrativa o la inocencia de los involucrados en cada uno de los sumarios.
La continuidad de los sumarios administrativos garantizará la resolución de los expedientes que se encuentran pendientes de definición en las distintas dependencias institucionales de la provincia de Córdoba. Los funcionarios encargados de la instrucción de las causas proseguirán con la recolección de pruebas para resolver la situación pasiva o el reintegro de los agentes bajo investigación. La difusión de los datos oficiales consolida el reporte periódico sobre el estado disciplinario y la nómina de cesantías dispuestas en la estructura policial.
