Las Fuerzas Armadas y de seguridad atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años en materia económica. Un informe elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la nómina del personal del Estado nacional mostró que uno de cada cuatro efectivos que tomó un crédito ya no logra cumplir regularmente con sus pagos, un indicador que refleja el creciente deterioro de la capacidad financiera del sector.
Según el relevamiento, 43.784 efectivos tienen atrasos en el pago de sus obligaciones. La cifra representa el 25% de quienes accedieron a un crédito, un porcentaje mayor al resto de la administración pública nacional.
Los datos fueron difundidos por el secretario general de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, a partir de un informe elaborado con registros públicos del BCRA y de la nómina del personal del Estado nacional.
Las Fuerzas Armadas y de seguridad lideran la morosidad dentro del Estado
El estudio ubica a las fuerzas entre los organismos nacionales con mayores dificultades para cumplir con el pago de sus créditos, muy por encima del resto de los empleados públicos.
El Ejército Argentino encabeza el ranking con un índice de morosidad del 29,3%, seguido por los siguientes grupos:
- Servicio Penitenciario Federal con 28,1%
- Policía Federal Argentina con 23,8%
- Gendarmería Nacional con 23,6%
- Prefectura Naval Argentina con 21,5%
- Fuerza Aérea Argentina con 21,2%
- Policía de Seguridad Aeroportuaria con 20,6%
El contraste con el resto de la administración pública resulta significativo. Mientras entre militares y fuerzas de seguridad uno de cada cuatro deudores ya presenta atrasos, en el resto de los organismos nacionales la mora se mantiene en niveles inferiores a la mitad de ese porcentaje.
La situación empeoró en menos de dos años
Además de la magnitud del problema, el informe pone el foco en la velocidad con la que aumentó la morosidad.
En agosto de 2024, alrededor del 8% de los efectivos con créditos se encontraba en mora. Para mayo de 2026, ese porcentaje escaló hasta el 25%, lo que implica un incremento superior a 17 puntos porcentuales en menos de dos años.
La tendencia tampoco muestra señales de estabilización. Solo entre abril y mayo de 2026, 1.474 efectivos ingresaron en situación de mora, un dato que evidencia que el deterioro financiero continuó profundizándose durante los últimos meses analizados.
La evolución de estos indicadores coincide con un período marcado por la pérdida de poder adquisitivo de distintos sectores del empleo público y por mayores dificultades para afrontar compromisos financieros, especialmente entre quienes dependen de salarios fijos.
Los menores de 35 años aparecen como el grupo más comprometido
El informe también revela que el impacto no es homogéneo y que los trabajadores más jóvenes concentran la mayor parte del problema. En total, 25.649 efectivos menores de 35 años presentan atrasos en el pago de sus créditos y representan cerca de seis de cada diez deudores en mora.
Entre quienes accedieron a un préstamo dentro de ese grupo etario, 28,7% ya acumula atrasos superiores a los 90 días, mientras que 14,8% se encuentra en la categoría de deudores considerada irrecuperable por el sistema financiero.
Otro dato que llamó la atención es que el 71,7% de los jóvenes endeudados recurrió a entidades no bancarias para obtener financiamiento. Esa situación refleja una creciente dependencia de financieras y otros prestamistas por fuera de los bancos tradicionales, una alternativa que en muchos casos implica afrontar costos financieros más elevados.
Qué implica estar en mora
La mora se produce cuando un deudor deja de cumplir con el pago de las cuotas de un crédito dentro de los plazos establecidos. A medida que transcurre el tiempo sin regularizar la deuda, el sistema financiero incrementa la calificación de riesgo del cliente.
Las categorías más críticas pueden dificultar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas de crédito u otras líneas de financiamiento, además de encarecer el costo de futuros créditos.
En este contexto, el crecimiento de la morosidad entre militares y fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los indicadores que mejor refleja las dificultades económicas que atraviesa el sector.
El hecho de que el porcentaje de deudores con atrasos ya duplique al promedio del resto del empleo público muestra un deterioro que va más allá del endeudamiento y pone en evidencia una capacidad de pago cada vez más comprometida.
