El avance de las investigaciones eclesiásticas y los reclamos comunitarios reavivaron la exigencia de respuestas firmes por parte de las instituciones judiciales en la provincia. El cardenal Ángel Rossi ratificó de manera oficial el apartamiento temporario del sacerdote Alejandro Nicola de sus funciones en el establecimiento parroquial de Villa Carlos Paz, a la espera de que los tribunales esclarezcan los hechos delictivos denunciados.
El conflicto escaló luego de que la Fiscalía Nº 3, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, unificara 4 causas penales por presuntos abusos contra menores de edad concurrentes al mismo jardín de infantes. El proceso acumula 12 meses de trámites burocráticos y dilaciones administrativas sin que la magistrada actuante dicte sospechosos formales ni ordene imputaciones concretas, a pesar de los señalamientos explícitos realizados por las familias afectadas.
“Queremos la imputación de esta persona porque los niños ya lo nombraron y lo señalaron en fotos”, expresaron las madres de las víctimas.
Suspensión de pericias técnicas y movilización civil contra el silencio
La parálisis del expediente generó una fuerte reacción social debido a que la fiscalía decidió suspender de forma temporal las pericias psicológicas y las declaraciones testimoniales bajo el argumento de necesitar revisar las actas integradas. Frente a la ineficiencia judicial, la comunidad educativa organizó marchas en el centro de la villa serrana bajo las consignas de resguardo a la infancia y en rechazo a las demoras oficiales.
Por su parte, las autoridades eclesiásticas y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica manifestaron su colaboración con las autoridades para alcanzar el pronto esclarecimiento de las denuncias presentadas por el entorno familiar. Las inspecciones operativas mantendrán activos los protocolos de prevención internos mientras la fiscalía determina la fecha de reanudación de las medidas de prueba indispensables para la causa.
La resolución efectiva de las denuncias resulta prioritaria para devolver la tranquilidad institucional a las familias y asegurar el normal funcionamiento de los espacios de enseñanza privada.
