La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó en una reciente entrevista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que determinadas situaciones dentro de la administración libertaria “nunca se hubieran permitido” durante la gestión de Mauricio Macri.
Sin embargo, desde la Oficina de Respuesta Oficial salieron al cruce de esas declaraciones y recordaron que la propia dirigente del PRO estuvo involucrada en dos expedientes judiciales que pusieron en duda la transparencia de su gestión política.
A través de una publicación en redes sociales titulada “La hipocresía de María Eugenia Vidal”, el organismo cuestionó que la exmandataria provincial pretenda presentarse como una autoridad moral para dar lecciones de ética y transparencia cuando ella misma debió afrontar investigaciones judiciales de alto impacto político.
Las causas judiciales que complicaron a Vidal
Entre los expedientes mencionados aparece la causa conocida como “aportantes truchos”, iniciada en junio de 2018.
Según se recordó, la investigación avanzó en el fuero federal de La Plata y estuvo vinculada a presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, luego de que beneficiarios de planes sociales denunciaran que sus identidades habrían sido utilizadas sin autorización para figurar como aportantes políticos.
De acuerdo con la información difundida, Vidal llegó a estar imputada dentro de la investigación, que se desarrolló en paralelo a auditorías electorales sobre los listados de aportantes.
El segundo expediente señalado fue una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, presentada en octubre de 2022.
La acusación se basó en la compra de un departamento de aproximadamente 205 metros cuadrados en el exclusivo barrio porteño de La Isla, en Recoleta. La denuncia apuntaba a una supuesta incompatibilidad entre el valor de la propiedad y el patrimonio declarado por la dirigente en sus declaraciones juradas.
El final de las investigaciones
Tanto la causa de los aportantes truchos como la denuncia por enriquecimiento ilícito terminaron sin condenas para la exgobernadora.
Según recordó la Oficina de Respuesta Oficial, ambos expedientes concluyeron con sobreseimientos, respetándose el principio de presunción de inocencia y sin que se impulsaran pedidos de renuncia en su contra mientras ejercía funciones públicas.
En ese contexto, el organismo sostuvo que existe una contradicción entre el discurso actual de Vidal y la situación que atravesó durante su paso por la gestión pública.
“Las causas avanzaron y terminaron con sobreseimiento. Pero mientras tanto, a nadie se le ocurrió pedirle la renuncia, y primó la presunción de inocencia”, señalaron desde la cuenta oficial.
Críticas al doble estándar político
La respuesta oficial apuntó directamente contra lo que considera un doble estándar dentro de ciertos sectores de la política argentina.
Desde el Gobierno entienden que algunos dirigentes que hoy cuestionan con dureza a la administración de Javier Milei no aplicaban el mismo criterio cuando las denuncias recaían sobre figuras de su propio espacio político.
Por ese motivo, la publicación concluyó con un duro mensaje contra la exgobernadora bonaerense: “Sobreactuar indignación cuando se trata de otros, pero reclamar impunidad cuando le toca a ella. El doble estándar es grotesco”.
La polémica vuelve a exponer la creciente tensión entre sectores del PRO y La Libertad Avanza, en momentos donde el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas mientras recrudece la disputa por el liderazgo del espacio político que representa al electorado de centroderecha en Argentina.
