Vecinos del centro de Córdoba denunciaron movimientos inusuales dentro de Wachitas Bar, el boliche clausurado en el marco de la causa por el homicidio de Agostina Vega. Desde el sábado pasado se observó a obreros y pintores trabajando en el interior del local.
Recién ante la ola de consultas vecinales y periodísticas, la Municipalidad de Córdoba salió a aclarar que no recibió ningún pedido de habilitación para reabrir el lugar. La gestión de Daniel Passerini confirmó, además, que tampoco otorgó ningún permiso para las refacciones en curso.
La respuesta llegó, una vez más, después del escándalo y no antes. Un local bajo clausura preventiva y vinculado a una causa de semejante gravedad debería estar bajo control municipal permanente, no depender de que los vecinos denuncien obras para que el Palacio 6 de Julio se entere de lo que ocurre puertas adentro.
La Municipalidad de Passerini, otra vez tarde
Los trabajos, al no contar con autorización alguna, constituyen un hecho irregular que podría derivar en nuevas sanciones administrativas. Los obreros presentes en el sitio evitaron dar declaraciones a la prensa sobre la naturaleza de las tareas.
La pregunta que nadie contesta todavía es quién ordenó el reacondicionamiento de un inmueble que permanece bajo la lupa judicial. Ni la Municipalidad ni los responsables del local dieron precisiones al respecto.
El episodio coincide, además, con un pedido de hermetismo total realizado por el fiscal Raúl Garzón, quien citó a los abogados de las partes para exigir silencio sobre el expediente. Mientras la Justicia intenta blindar la información, el municipio tampoco ofrece certezas sobre el control que ejerce en el lugar.
Por qué Wachitas Bar está bajo la lupa judicial
Wachitas Bar quedó en el centro de la escena tras el homicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuya muerte conmociona a Córdoba. El local fue señalado durante la investigación como un punto clave de la denominada “noche cordobesa”, y la defensa de uno de los imputados llegó a vincularlo públicamente con una presunta red de explotación de menores en la Capital.
Con una testigo protegida, amenazas cruzadas y ahora obras sin permiso en un sitio bajo sospecha, el caso vuelve a exponer la misma falencia de siempre: un control municipal que llega tarde y solo cuando la prensa pregunta.
