El Reino Unido solicitó a Chipre la extradición de un ciudadano con doble nacionalidad británica y azerbaiyana acusado de realizar labores de espionaje contra una base militar británica en la isla mediterránea y de transmitir información al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). El caso representa una nueva señal de preocupación en Londres por las actividades de inteligencia vinculadas al régimen iraní y sus organismos de seguridad.
El sospechoso fue identificado como Rashad Sultanov, de 44 años y residente en Islington, al norte de Londres. Actualmente permanece detenido por las autoridades chipriotas mientras avanzan los procedimientos para determinar su eventual extradición al Reino Unido, informó la Policía Metropolitana de Londres.
La investigación se centra en una serie de incidentes ocurridos entre el 11 de mayo y el 22 de junio del año pasado en torno a la base de la RAF Akrotiri, una instalación militar británica ubicada en Chipre. Según Scotland Yard, se trata de la primera investigación realizada en el extranjero bajo la Ley de Seguridad Nacional británica y dirigida por agentes anti-terroristas.
Las autoridades británicas sostienen que Sultanov habría llevado a cabo labores de vigilancia hostil sobre la base militar y posteriormente habría compartido la información obtenida con el IRGC, una de las principales estructuras militares y de seguridad del régimen iraní.
El sospechoso ya había sido detenido por las autoridades chipriotas en 2025 y permanecía bajo custodia desde entonces. En aquel momento, un ministro israelí afirmó que las autoridades de Chipre habían frustrado un posible ataque contra ciudadanos israelíes. Tras la solicitud formal de extradición presentada por Londres, Sultanov fue detenido nuevamente el 17 de julio, según confirmó la Policía de Chipre.
Helen Flanagan, responsable de la lucha anti-terrorista en Londres, destacó que el caso demuestra que Reino Unido puede utilizar su legislación de seguridad nacional fuera de sus fronteras cuando instalaciones militares británicas son presuntamente objeto de actividades hostiles por parte de Estados extranjeros.
La acusación adquiere especial relevancia debido al historial de amenazas y operaciones atribuidas a Irán contra intereses occidentales. El IRGC, una organización central del aparato militar del régimen iraní, amenazó recientemente con atacar bases militares británicas utilizadas por fuerzas estadounidenses para lanzar operaciones contra Irán.
La tensión aumentó después de que un dron de fabricación iraní, del tipo Shahed, provocara daños menores en instalaciones de Akrotiri el 2 de marzo. Posteriormente, el Reino Unido informó que la base no formaría parte de su acuerdo defensivo con Estados Unidos relacionado con el uso de instalaciones militares británicas.
Ese mismo mes, Irán habría lanzado dos misiles balísticos contra la base militar estadounidense y británica ubicada en Diego García, en el océano Índico. Ninguno de los proyectiles alcanzó el objetivo, pero el episodio evidenció el alcance de las amenazas iraníes contra instalaciones occidentales.
El caso de Sultanov añade ahora una dimensión de inteligencia a las tensiones militares. Las acusaciones británicas apuntan a que Teherán no solo representa una amenaza mediante misiles, drones o declaraciones públicas, sino que también podría recurrir a operaciones clandestinas para obtener información sobre instalaciones militares occidentales.
Para Londres, la colaboración con el IRGC constituye un asunto especialmente delicado por tratarse de una instalación estratégica británica y por el papel que desempeña Chipre en la presencia militar del Reino Unido en el Mediterráneo. Las autoridades británicas buscan ahora que Sultanov sea trasladado al país para responder ante la Justicia por las acusaciones de espionaje y actividades vinculadas a la seguridad nacional.
